LEY MAPE
El Comercio, 22 de noviembre del 2024
Maritza Saenz
NORMA. El proyecto de ley fue entregado al Parlamento. Tiene por objeto regular y fomentar estas actividades. Propone, entre otras cosas, establecer áreas especiales para el desarrollo de este tipo de extracción
El Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de ley denominado ley de la pequeña minería y de la minería artesanal, que plantea que el Estado fomente ambos tipos de extracción de manera social, económica y ambientalmente sostenible, brindando soporte técnico y asistencia.
Entre lo más destacable de la iniciativa está la creación de zonas especiales de libre disponibilidad, donde las concesiones dadas al pequeño productor minero y al artesanal serán intransferibles; es decir, solo será utilizada por el titular, quien no podrá hacer ningún tipo de cesión.
Asimismo, se establecerán áreas especiales para la minería artesanal, las cuales serán determinadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico por un plazo máximo de tres años. Las autorizaciones de explotación serán emitidas por el gobierno regional correspondiente. Dichas zonas también son intransferibles.
La norma permite también la celebración de contratos de explotación entre el titular de un derecho minero y una persona natural o jurídica que desarrolla actividades de pequeña mine ría o minería artesanal. Aquí no participa el Estado, aclaró Luis Miguel Elías, socio en Rebaza, Alcázar & De las Casas.
Si bien estos contratos ya existían, la novedad, según el abogado, son los incentivos para el titular del derecho minero, pues se exonera el pago de la penalidad y derecho de vigencia de la concesión por dos años consecutivos.
Los contratos no podrán realizarse en caso de invasión a derechos mineros de terceros, con denuncias pendientes de resolver en sede judicial, etc. Además, el incumplimiento de la norma ambiental será causa de resolución del acuerdo, dando la responsabilidad a los productores mineros y también al titular del derecho minero en la remediación del daño ambiental.
A través del proyecto de ley, el gobierno otorga la tarea de fiscalización a los gobiernos regionales. Ellos tendrán que autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades; además, formalizar y renovar los contratos.
Para Elías, el Ejecutivo comete un error al darle la potestad a los gobiernos regionales, pues ellos no tienen la capacidad técnica para asumir esta tarea.
Con este proyecto de ley, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que tenía validez hacia el 31 de diciembre, estará vigente seis meses más. Culminado el plazo, ya no serán las direcciones regionales las encargadas del proceso de formalización, sino el Minem.
“Eso es importante porque lo que va a permitir es que el M in em se dé cuenta de si se necesita un proceso distinto de formalización o si hay que culminar, pero vale decir que [la propuesta] no dice cuándo acaba el proceso de formalización”, explica Paola Bustamante, directora de Videnza.
Actualmente hay 84.450 inscritos en el Reinfo. De ellos, quienes están cumpliendo los requisitos son 19.613, y 64.837 están suspendidos, agregó la especialista.
