Leonie Roca, Presidenta de AFIN
Gestión, 7 de enero del 2025
El Congreso debe poner fin a la aprobación de leyes que socavan la confianza de los inversionistas».
Esta lista llegará el día siguiente de Reyes, pero resume, en sencillo, lo que venimos pidiendo todo el 2024 y seguimos esperando este nuevo año.
- Contar con un equipo técnico de primer nivel, compuesto por profesionales de diversas disciplinas, para revisar y actualizar toda la documentación de ingeniería, legal, financiera y técnica necesaria para licitar adecuadamente las obras públicas. Este equipo debería garantizar que las licitaciones sean transparentes, con valores de mercado justos y requisitos que excluyan a aquellas constructoras que no cumplen con los estándares mínimos de calidad y capacidad. Empecemos a armar algo siquiera para los proyectos grandes, los priorizados y a esos démosle seguimiento mes a mes, públicamente.
- Es urgente que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asuma un papel más activo en la simplificación de los tortuosos procesos burocráticos que enfrenta cualquier proyecto de inversión en infraestructura. El Consejo Privado de Competitividad ya tiene propuestas claras para agilizar estos procesos y hay temas en agenda como fortalecer las capacidades del Indecopi para inaplicar con efectos generales y sin límite de tiempo, aquellos actos o disposiciones que sean barreras burocráticas, independientemente de si el procedimiento fue iniciado de oficio o a pedido de parte.
- El Congreso debe poner fin a la aprobación de leyes que socavan la confianza de los inversionistas. A lo largo de los últimos años hemos visto cómo se aprueban normativas entre gallos y medianoche, sin un análisis serio ni la participación de las entidades especializadas, y muchas veces en contra de las recomendaciones de expertos en áreas clave.
- Proinversión debe ser fortalecida y hay que asignarle un mayor número de proyectos para concesionar. La modalidad G2G (Gobierno a Gobierno) ha demostrado ser problemática, ya que, aunque puede resolver algunos problemas inmediatos, no garantiza una operación y mantenimiento eficientes, ni representa una solución fiscal sostenible a largo plazo. Además que no hay ninguna evidencia que los trámites que sufre una concesión, como liberación de áreas o permisos municipales o ambientales, serán más eficientes bajo este esquema.
- Una Contraloría que revise críticamente su actuación de la última década, en la que ha excedido su mandato legal con creces y espantado a muchos funcionarios públicos decentes.
- El arbitraje internacional y nacional es una herramienta fundamental para resolver disputas de manera rápida y eficaz. Sin embargo, necesitamos que se restituya la confianza en este mecanismo, y que los laudos arbitrales sean respetados y ejecutados de manera consistente.
El país necesita un liderazgo claro y coherente, que ofrezca previsibilidad y seguridad para quienes deseen apostar por nuestro desarrollo.
