Por: Leonie Roca, Presidenta de la AFIN
Gestión, 21 de agosto de 2019
Criticar, “rajar”, es un deporte nacional. Somos exigentes y reclamones. No es algo malo si no se abusa, pero cuando nos excedemos genera una dosis de pesimismo y visión de corto plazo propia de quienes vivimos asustados por el futuro y queremos las soluciones a la vista.
La predictibilidad que se requiere para promover las inversiones que tanto necesitamos en infraestructura proviene fundamentalmente de tres fuentes: un servicio civil fuerte; un proceso de producción de políticas y normas que sea transparente y con calidad regulatoria; un sistema de cumplimiento de las normas y políticas a nivel administrativo y judicial confiable.
Algo estamos empezando a avanzar en estos frentes: se está avanzando con Servir; la PCM ha hecho bastante en simplificación administrativa e Indecopi tiene mucho que mostrar en eliminación de barreras burocráticas. ¿Qué falta? Por un lado, profundizar en estas dos líneas de trabajo y actuar a fondo en los sistemas de cumplimiento, apostando más por incentivos que por sanciones infinitas que no modelan conductas y, por otro, simultáneamente, eliminando espacios discrecionales de ciertas autoridades que se regulan por la “temperatura” de las redes sociales antes que por sus leyes de creación. Actitudes tan habituales como ver a procuradores que apelan para ser aplaudidos por las tribunas o auditores que sancionan imponiendo sus personalísimos criterios técnicos y situaciones de esta naturaleza, deben ser erradicadas. Más institucionalidad, más rendición de cuentas, menos ánimo sancionador y regulatorio en la esperanza infinita, e infundada, de que es el Estado el gran componedor de todos los problemas.
Sin embargo, no podemos dejar de resaltar la necesidad de contar con verdaderas políticas de Estado -no de un gobierno determinado- que ofrezcan continuidad a la población y los agentes económicos. En esto también hay avances. La aprobación de la política de competitividad y del Plan Nacional de Infraestructura ofrecen una mirada de futuro que, adicionalmente, ha sido bastante discutida y conversada. ¿Son planes completos, perfectos? No, pero son un muy buen primer avance que marca la manera en que deben adoptarse las decisiones más relevantes para el desarrollo del país. Quedan aún en el tintero la política energética, los lineamientos de las reformas estructurales en los sectores salud y educación en los que es deseable empezar a discutir si el Estado debe dejar de ser un proveedor directo para ser un comprador de servicios o un distribuidor de subsidios que el propio ciudadano define dónde utilizar, y la siempre esperada revisión de qué tipo de seguridad ciudadana necesitamos para ser un país donde la ley se cumple gracias, entre otros, a una fuerza pública respetada y confiable.
Tenemos ya, por lo tanto, algunos elementos para avanzar en el cierre de la brecha de servicios públicos y la infraestructura que los soporta, y el propio Plan Nacional de Infraestructura se encarga de proponer herramientas institucionales para su ejecución.
Las llamadas PMO (Project Management Office), que tan buenos resultados han dado en los Juegos Panamericanos, deben implementarse a la brevedad, para contar con la experiencia en seguimiento de proyectos que el Estado no tiene. Brindan, además de experiencia profesional, sistemas de seguimiento de inversiones, neutralidad, transparencia, gestión de riesgos y otros aspectos que garantizan que los proyectos o el conjunto de estos en programas más amplios, sean ejecutados prolijamente. Articular, en paralelo, unidades profesionales con mayor estabilidad en los cargos de los funcionarios, permitirá que las PMO generen capacidades institucionales de largo plazo. Estos dos puntos son fundamentales en la agenda próxima de ejecución del Plan Nacional de Infraestructura. Hacerlas realidad no exige leyes, sino solo voluntad política.
Podríamos empezar por crear un programa que articule todos los proyectos que el propio Plan prioriza para el “nodo Callao”, donde confluyen concesiones ya otorgadas que tienen que articularse entre ellas, otras por otorgar, inversión pública y probablemente obras por impuestos. Así hay otros ejemplos de grandes proyectos que requerirán PMO o de conjuntos de proyectos que pueden agruparse por criterios territoriales o de especialidad en la inversión. Es posible, es viable y deseable que dentro de tres años podamos ver que lo que hoy se planificó se hace realidad. ¡Hagamos que suceda!
