Por: Leonie Roca, Presidenta de AFIN
Gestión, 4 de febrero de 2020
En julio del 2019 se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), esfuerzo del Gobierno que hemos aplaudido y alentado desde el sector privado. Un plan da señales claras de prioridades y es fundamental como hoja de ruta para los inversionistas, pero también, para el propio Estado.
En teoría, que un proyecto esté en el PNI debiera suponer alineamiento de todas las oficinas públicas involucradas en su ejecución, mejores procesos, liderazgo claro y rendición de cuentas.
Varios meses han transcurrido desde la aprobación del Plan. El MEF ha avanzado con normas que simplifican los procesos administrativos que demoran la ejecución de proyectos, pero aún no vemos lo más importante: quiénes son los líderes de cada proyecto, cuál es el equipo que los acompaña, cuáles son los cronogramas para ejecutar las 52 inversiones contempladas en el Plan. Sin estos pequeños ajustes institucionales, que son fundamentalmente de gestión y no requieren normas legales, continuaremos viendo pasar las hojas del calendario sin tener resultados concretos.
Empezamos el 2020 y los únicos proyectos avanzando son los de concesiones ya otorgadas que estaban encaminadas incluso cuando se aprobó el plan. No hay novedades, seguimos en la inacción.
ProInversión ha traído del extranjero un director ejecutivo con mucha experiencia. El cambio de liderazgo genera expectativas, y la presentación de la cartera de proyectos en un evento en el que participaron la ministra de Economía y el presidente de la República ha entusiasmado a muchos. Sin embargo, poco cambiará si los ministerios respectivos no le entregan los proyectos para licitar y si el organismo no tiene un liderazgo frente a los sectores. La ausencia de los ministros respectivos en el evento de presentación de la cartera de proyectos, no parece ser una buena señal.
Recientemente, en una entrevista con este diario, el exdirector ejecutivo de ProInversión hacía notar este defec to del sistema. ProInversión es una entidad estructuradora que licita proyectos, pero estos deben venir del ministerio correspondiente. Eso no está sucediendo y, cuando sucede, hay una cantidad de retrocesos y reprocesos que hacen que los proyectos finalmente no salgan.
A este panorama se suma el precedente negativo de jueces que modifican contratos de concesión mediante hábeas corpus o medidas cautelares, cuando la vía procesal para declarar nulidades y ajustar contratos es el arbitraje. Se confunde la lucha contra la corrupción con el linchamiento a empresas con cualquier mecanismo legal al alcance de la mano. Las redes sociales aplauden y no se detienen a analizar que el resultado de esta inseguridad jurídica restará o eliminará entusiasmo de los inversionistas serios, ofertas oportunistas o bien la exigencia de altas tasas de retorno que compensen los mayores riesgos que supone operar e invertir en el Perú. Es evidente que debe activarse los sistemas de reparación civil y los responsables deberán asumir sus responsabilidades penales, pero confundir las vías procesales no es la ruta.
En resumen, las condiciones están dadas pero las cosas no están sucediendo. Necesitamos que las autoridades hagan su trabajo en todas las instancias: que los ministerios formulen y ejecuten, que se designe responsables claros, que se informe de cronogramas y avances de cada proyecto, que no se genere confusión de qué instancia hace qué, que la Contraloría cumpla c o n s u trabajo pero no se constituya en formuladora de proyectos, que las instancias responsables de la lucha anticorrupción lo hagan por los canales que corresponde.
En resumen, menos omisión y, cuando hay acción, dentro de los parámetros de la Constitución y la ley.
