Por: Leonie Roca, Presidenta de AFIN
Gestión, 30 de noviembre de 2020
Julia tiene 11 años, cursa el quinto de primaria y sueña con ser ingeniera. Ella vive en la localidad de Cañicuto (1), y para acceder a las clases virtuales que brinda su colegio, tiene que subir diariamente al cerro más alto de su comunidad para captar señal. Es la única forma que tiene para acceder a Aprendo en Casa, ya que tampoco tiene radio o televisión. Ni la lluvia, ni el granizo ni el intenso frío logran desanimarla. Tampoco a su grupo de compañeros, que representan los sueños de miles de niños y niñas para los que la pandemia ha significado una mayor desigualdad.
No hay duda que este servicio se ha convertido en esencial. Para aquellos que se han quedado en casa haciendo trabajo remoto, educación a distancia o realizando compras a través del comercio electrónico que representó, de otro lado, el único salvavidas para que empresas pequeñas, medianas y grandes se adapten a esta nueva realidad y puedan tener resiliencia ante la grave crisis económica que atravesamos.
Incluso la atención médica a distancia ha permitido contener, en algo, los graves problemas originados por la limitación de las atenciones físicas de pacientes de otras enfermedades.
¿Sabían que, al primer trimestre de este año, solo el 40% de hogares peruanos tiene internet fijo?, o que, al 2018, ¿solo el 22% de escuelas públicas tenían acceso a este mismo servicio? ¿Quizá desconocían, además, que, al 2018, solo el 34.2% de empresas usaba la banca por Internet y solo el 15.2% para adquirir sus insumos. ¡Muchos por hacer!, sin duda.
Hacer realidad la promesa de expandir la conectividad requiere liderazgo y adoptar decisiones rápidamente, tal como se está haciendo en muchos países. ¿Cómo logramos esto?
Primero, lo más elemental: procesos simplificados para la instalación de infraestructura, con claros límites al control municipal posterior que eviten el abuso que, incluso hoy, con autorización automática, se presenta. Por supuesto que esto supone dejar de promover normas en el Congreso que pretenden regresarnos a las autorizaciones previas del pasado.
Segundo, promover el cambio a tecnologías más modernas, dejando de penalizar a las empresas operadoras que sustituyen antenas 2G por antenas 4G o impidiendo proveer servicios comunitarios con telefonía celular en lugar de teléfonos públicos que ya nadie usa. La excusa de la “rigidez” del contrato nos está dejando anclados en el pasado.
Tercero, mucha difusión entre la población sobre la inocuidad de las antenas, y en este punto se requiere un compromiso entre Estado, medios de comunicación y la industria de telecomunicaciones.
Cuarto, promover iniciativas como las que están impulsando algunos países vecinos que permiten que las multas se paguen con inversión en despliegue de infraestructura o que se utilicen criterios de ampliación de cobertura como la base para la renovación de contratos. Otro punto importante aquí es que la industria aporta anualmente, aproximadamente, 1,000 millones de soles al MTC por diversas tasas, habiendo una oportunidad para implementar una suerte de “obras por impuestos (tasas)” que agilice los procesos de ampliación de redes.
Hace falta 30, 000 antenas, más fibra óptica y aprovechar los recursos satelitales, para poder conectar a 5 millones de peruanos sin acceso a Internet. Más redes de transporte de datos a mayor velocidad, con tarifas competitivas y mejorar su interoperabilidad.
Julia y otros muchos están esperando que asumamos este gran reto que exige acuerdos entre el sector público, el privado, la academia y demás integrantes de la sociedad civil. Ojalá todos entendamos la importancia de este reto pendiente y nos pongamos a trabajar de una vez, sin más pérdida de tiempo.
- Distrito San Antón, provincia Azágaro, región Puno.
