Por: León Trahtemberg
Correo, 23 de agosto de 2019
Frente a la toma de carreteras y agresión a la autoridad policial por parte de los opositores a la actividad minera de Tía María, los políticos dicen cosas como “el Gobierno debe resolver el conflicto por vías pacíficas”, “usar los mecanismos legales para restablecer el orden”, etc. Están ausentes quienes se atrevan a decir “la Fiscalía debe denunciar a los agresores” y “la Policía debe usar la fuerza para detener a los agresores”. Así, sin oposición alguna frente a un gobierno y fiscalía débiles y temerosos, los manifestantes sin freno hacen ilegalmente lo que les place.
En otro ámbito, frente a un estudiante que ofende y agrede a una profesora y a su propiedad, se burla y desconoce sus indicaciones como autoridad, los funcionarios y analistas recomiendan a los colegios “poner orden con acciones o sanciones recuperadoras” que no incluyan suspensiones y mucho menos expulsiones. Así el alumno perturbe reiteradamente el ambiente de clase, perjudicando a los demás alumnos, así afecte el ejercicio de la autoridad del profesor, así dañe la propiedad o integridad física del profesor o sus compañeros, no se atreven a decir “bajo esas condiciones ese alumno no puede estar en el colegio”. Tampoco a decir que si al cabo de varias iniciativas de recuperación y cambio de conducta el alumno no responde bien, “debe haber un límite a la capacidad de hacer daño a sus compañeros, profesores y por último a sí mismo” (porque si necesita límites y no se le ponen, aprende a ser un transgresor impune).
Así las cosas, la cancha está libre para los transgresores. Eso, de educativo, no tiene nada.
