Venezuela, Perú, Bolivia
Las elecciones democráticas plenas están en riesgo en toda la región. Ya no solo las dictaduras comunistas como Venezuela, Cuba y Nicaragua descalifican y persiguen a los contendientes políticos, sino que esto se ha vuelto un mecanismo usual en las repúblicas de todos los espectros ideológicos sean de derecha, centro o izquierda que desean descartar ciertas organizaciones opositoras a los regímenes que salen del poder.
Por ejemplo, en nuestro país, recientemente se ha pretendido desde la Fiscalía – bajo la figura de organización criminal – descalificar al fujimorismo de participar en las elecciones presidenciales y congresales del 2021, aún cuando no se tiene una sentencia expresa del caso. No es coincidencia que este mismo movimiento político que desea censurarse fue siempre crítico del vizcarrismo en el poder, por exponer constantemente sus presuntos actos de corrupción y exponer la mala gobernanza que ha tenido y que se ha exacerbado con la pandemia del covid 19.
En un corto artículo que compartimos líneas abajo The Economist comparte esta crítica a la vez que extiende su análisis a otros países con especial énfasis en Bolivia en el que se pretende descalificar a la izquierda por tener un claro precedente con Evo Morales.
Coincidimos con The Economist en que no se puede quitar el derecho de participar en elecciones libres a ningún partido político sea del ala que sea si es que cumple con los mínimos requisitos de inscripción establecidos por los entes rectores de las elecciones. Este es un principio base de una verdadera democracia liberal. Sin asegurar este mínimo de condiciones de libertad, no se puede pretender avanzar en la tan ansiada reforma política, una de las banderas de este gobierno desde que asumió el poder. Lampadia
El regreso de las elecciones manipuladas en América Latina
Una nueva tendencia preocupante de prohibir a los políticos postularse
The Economist
30 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia
En 1955, las fuerzas armadas derrocaron a Juan Perón, el presidente populista de Argentina, llevándolo al exilio. Lo prohibieron a él y a su partido de las elecciones que finalmente siguieron, una prohibición que permaneció vigente hasta 1973. Luego, Perón fue reelegido, pero el gobierno militar pronto regresó. Apra, un partido peruano con tendencias similares al peronismo, fue igualmente prohibido durante décadas. Así, durante la guerra fría, hubo muchos partidos comunistas. Pero con la expansión de las democracias de masas en América Latina en la década de 1980, tal manipulación clara de las elecciones parecía una cosa del pasado. Cualquier ciudadano podría convertirse en presidente.
Ahora ese principio democrático fundamental está bajo amenaza. Al igual que varios malos hábitos recientes en la región, el resurgimiento de este comenzó en Venezuela. En 2008, el régimen de Hugo Chávez prohibió a Leopoldo López, un líder de la oposición, ocupar cargos públicos durante seis años (López fue arrestado más tarde por organizar protestas en las que murieron 43 personas; ahora se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas). En 2017, el régimen prohibió a Henrique Capriles, quien afirmó haber ganado una elección presidencial contra el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Como si esto no fuera suficiente, en junio la gente de Maduro usó artimañas legales para hacerse cargo de los principales partidos de oposición, instalando títeres del régimen antes de una votación legislativa a finales de este año.
A pesar de su farsa de celebrar elecciones, Venezuela es ampliamente vista como una dictadura. Pero la práctica de reducir el campo electoral se está extendiendo en las democracias de la región. En Guatemala el año pasado, Thelma Aldana, una ex fiscal general popular que había ayudado a encarcelar a un presidente corrupto, se mantuvo fuera de la boleta presidencial por un cargo de malversación de fondos que sus partidarios dicen que es falso.
En otros casos, los candidatos han sido excluidos después de su condena en casos controvertidos, pero mejor fundados. Luiz Inácio Lula da Silva, un ex presidente izquierdista de Brasil, fue legalmente excluido incluso cuando lideraba encuestas de opinión en una elección presidencial en 2018, luego de que un tribunal de apelación confirmó su condena por corrupción. Rafael Correa, un ex presidente populista de Ecuador que ahora vive en Bélgica, recibió en ausencia una sentencia de cárcel por corrupción en abril. Según la constitución, no puede volver a presentarse. El consejo electoral pasó a prohibir a su partido, alegando que presentó firmas inválidas en su intento de registrarse. El consejo también dictaminó que los candidatos deben registrarse en persona, lo que significa que, si Correa quisiera postularse para vicepresidente, sería arrestado.
En las elecciones de Perú en 2016, la autoridad electoral prohibió a un candidato bien ubicado por un tecnicismo. José Domingo Pérez, un fiscal peruano, solicitó el mes pasado a un tribunal que prohíba durante dos años y medio a (es decir, hasta después de las próximas elecciones) Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, una ex candidata presidencial. Afirma que es una «organización criminal» porque intentó encubrir una donación de US$ 1.2 millones de Odebrecht, una empresa constructora brasileña, en 2011. Pérez ha estado investigando a Fujimori durante tres años, pero aún no ha demostrado su caso. Ella ha pasado 16 meses en la cárcel sin juicio.
Bolivia es el ejemplo más preocupante del nuevo prohibicionismo electoral. En noviembre pasado, Evo Morales, su presidente desde 2006, fue derrocado por un levantamiento popular en medio de reclamos de fraude en una elección en la que buscó un cuarto mandato inconstitucional. Un gobierno interino dirigido por una senadora conservadora, Jeanine Áñez, asumió el cargo con el trabajo de organizar una nueva elección. Dos veces pospuesto debido a la pandemia, ahora se vence el 18 de octubre. Áñez superó su mandato como cuidadora al anunciar que ella correría. Las encuestas sugieren que el candidato de Morales, Luis Arce, podría ganar. Los partidarios de Áñez buscan la descalificación de Arce por el tribunal electoral, por un tecnicismo. También hablan de posponer la encuesta indefinidamente debido a la pandemia.
Cualquiera de los dos sería un curso peligroso. Descalificar a Arce negaría la legitimidad al ganador de las elecciones y condenaría a Bolivia a años de conflicto. Mucho mejor sería que Áñez respalde a Carlos Mesa, un ex presidente que fue el principal rival de Morales el año pasado. Debería recordar la analogía de Argentina en 1955. «En lugar de destruir el peronismo … la persecución lo revigorizó rápidamente», concluyó David Rock, un historiador.
Morales y Correa fueron menos que completamente democráticos en el cargo, socavando la separación de poderes y desquiciando a los opositores. Sus críticos temen que, si se les permite regresar, tendrían el poder para siempre. Pero la democracia no se puede salvar al frenarla. Lampadia
