Por: Daniel Lozano
La Nación de Argentina, 14 de mayo del 2022
CÚCUTA, Colombia.- El Partido Comunista de Cuba (PCC) tiene previsto aprobar en las próximas horas el nuevo Código Penal durante la sesión extraordinaria que se celebra hasta el lunes en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). A la cabeza del cónclave estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel, que esta vez no contará con el respaldo directo de Raúl Castro, “que aunque no está presente en la sala se encuentra siguiendo la sesión”, advirtió Esteban Lazo, presidente del órgano revolucionario.
Para que quedara claro a todos los presentes, Lazo añadió que “sentimos la presencia del invicto comandante en jefe Fidel Castro, cuyo legado guía siempre esta ANPP”.
Se trata precisamente de endurecer el Código Penal escrito durante la presidencia del máximo líder del castrismo, con el objetivo de usar todas las herramientas a su alcance, que ya son muchas, para que no se repita otra rebelión popular como la del 11 de julio del año pasado.
Un código a la medida de una revolución que tras más de seis décadas busca eternizarse en el poder, para lo cual incluso mantiene vigente la pena de muerte: fusilamiento para los casos más graves, como la toma de rehenes. También se contempla la cadena perpetua.
El gobierno de Díaz-Canel busca una batería de normas para amedrentar de forma especial a disidentes y periodistas independientes, pero la persecución abarca a todos los cubanos: tipifica 37 nuevos delitos relacionados con Internet, que fue fundamental en la rebelión del año pasado.
“Clima de inestabilidad social”
“Protege el sistema político y estatal socialista del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”, reconoce el nuevo código, que se ha trabajado en secretismo revolucionario para adaptarse a los nuevos tiempos en la isla, marcados por la llegada incontenible de Internet, presente desde finales de 2018. Una verdadera revolución que a base de memes, que han hecho especial daño a Díaz-Canel, de conexiones en directo y de canales sin censura han dinamitado la hegemonía comunicacional que mantenía el PCC.
Con el delito de “desórdenes públicos” también se pretende castigar las “alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”. Quienes también se atrevan a insultar a funcionarios públicos sufrirán penas de hasta tres años de cárcel.
“El nuevo Código Penal es una regresión respecto al Código Penal vigente en dos puntos esenciales: criminaliza directamente el ejercicio de derechos que hasta ahora eran criminalizados oblicuamente por un lado y, por otro, va contra el concepto de intervención mínima que es la característica de los códigos penales, al menos en el Hemisferio Occidental. En un sentido clave es incluso inconstitucional porque se pone por encima de la Constitución contradiciendo y negando en la ley misma derechos constitucionalmente reconocidos”, explicó a LA NACION Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática.
Los llamados “mercenarios”, vocablo de amplio uso en las tres dictaduras de la región, pueden ser condenados ahora hasta con diez años de prisión por recibir financiamiento internacional o de ONG, la única posibilidad de subsistencia para los periodistas independientes que no forman parte del aparato propagandístico del Estado. Precisamente durante esta semana, las revoluciones cubana y venezolana han anunciado públicamente su decisión de “fortalecer” los lazos judiciales ya existentes. “Juntos y unidos, visualizando esta década”, avisó Nicolás Maduro, quien también ordenó combatir a los disidentes y a periodistas independientes en Internet.
“Noticias falsas”
Entre los delitos contra el orden público se ha incluido la difusión de “noticias falsas o predicciones maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontento o desinformación”. Una categoría tan amplia que su uso arbitrario es una amenaza para todos los usuarios de redes sociales, los mismos que convirtieron en viral la primera manifestación del 11-J en San Antonio de los Baños, que después se hizo masiva en toda la isla.
La persecución y encarcelamiento de los manifestantes pacíficos del 11-J dispararon la cifra de presos políticos en el país. Según los últimos datos de Prisoners Defenders, 1015 de los 1218 detenidos políticos desde esa fecha siguen en prisión, de los que 874 son prisioneros del 11-J.
“El nuevo código que quieren aprobar es una de las atrocidades más grandes que se pueden cometer contra una pueblo en el mundo. No solo es contra los opositores, disidentes, activistas, es contra cada cubano. El régimen lo hace porque no les importamos”, se quejó el poeta disidente Ariel Maceo.
“Es evidente que es una respuesta autocrática al proceso de autodemocratización de la sociedad cubana de los últimos 20-25 años que alcanzó mayor intensidad en los últimos tres años y la mayor visibilidad y expansión en la revolución ciudadana del 11 y 12 de julio pasados. Es la reacción de un régimen de minoría a la creciente, diversidad, pluralidad y autonomía ciudadana en la sociedad civil”, sentenció Cuesta Morúa.
