Juan Stoessel
Perú21, 25 de agosto del 2024
“El Perú tiene muchísimos lugares maravillosos. Si queremos que perduren, debemos gestionarlos y preservarlos correctamente. Ponerlos no al servicio de unos cuantos grupos informales”.
En el lapso de unos pocos años, la Montaña de Siete Colores se ha convertido en punto obligado para turistas nacionales y extranjeros. Un lugar mágico –o, para ponerlo en el lenguaje de las redes sociales, 100% instagrameable–, gracias a su fabuloso paisaje y majestuosos colores. Sin embargo, este apu sagrado es hoy noticia no por su belleza, sino por un violento conflicto que lo ha llevado de ser un “atractivo que visitar” a un “atractivo que evitar”.
El problema de fondo: Vinicunca parece tierra de nadie. Si bien los territorios pertenecen a comunidades de la zona, no se ha establecido quién administra el sitio. ¿Las autoridades? ¿Las comunidades (y si fuese el caso, cuál de ellas)? Hasta 1,000 personas al día visitan el lugar, así que las disputas tienen mucho que ver con dinero.
Además, este vacío de autoridad significa que aspectos como la conservación del vestigio y la prestación de servicios básicos (recojo de basura, saneamiento, seguridad) son un desastre. Es la informalidad pura y dura, devorando un atractivo de clase mundial.
Lamentablemente, es algo recurrente. Sucedió con Aguas Calientes, donde se construyó una ciudad sin ningún orden ni control. Y sembró las semillas de las futuras huelgas que años después bloquearían tantas veces Machu Picchu. El Valle Sagrado, donde cada quien construye donde quiere y el río se usa como botadero, parece ir por un camino similar.
El Perú tiene muchísimos lugares maravillosos. Si queremos que perduren, debemos gestionarlos y preservarlos correctamente. Ponerlos no al servicio de unos cuantos grupos informales, ávidos de repartirse el patrimonio como si fuera un botín, sino para beneficio de todos.
En el caso de Vinicunca, tiene que crearse una zona protegida, un parque natural manejado por el Estado. No significa que las comunidades pierdan su propiedad, ni que dejen de recibir ingresos. Nada de eso está en discusión. Pero las comunidades no tienen expertise en gestión de lugares turísticos. Prueba de ello es la caótica situación actual. Con un manejo óptimo y servicios de calidad, mejorará la satisfacción del turista, habrá más visitantes, más ingresos para las comunidades. Es un win-win.
El turismo está al fin acercándose a las cifras prepandemia. Cosa que casi todos los demás países alcanzaron tiempo atrás. No permitamos que la informalidad siga secuestrando los recursos de todos los peruanos. Las comunidades tienen derechos, sí, pero no existen al margen de la legalidad. Los ministerios de Turismo, Cultura y Ambiente tienen la palabra.
