(Perú 21, 19 de Marzo de 2015)
Cuando una economía crece al 6% promedio por largos periodos, es fácil que se minimicen los detalles o que se pasen por alto ciertos acuerdos. Eso es, en la práctica, lo que ha ocurrido con el análisis costo-beneficio (ACB) en los proyectos de ley en el Congreso.
De acuerdo al artículo 75 del reglamento del Congreso, toda propuesta de ley debe “contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal, incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental”. En corto, toda propuesta debe establecer un objetivo, estimar los costos y alternativas. Tiene todo el sentido: los recursos son escasos y, además, provienen del bolsillo de los contribuyentes.
Un reciente estudio publicado por Arias-Schreiber, Valdivieso y Peña, sin embargo, demuestra que este prerrequisito no se cumple. De un total de 178 proyectos analizados, solo el 9.6% presenta un ACB aceptable. Todos exponen los motivos, pero la mitad de manera deficiente. El 93% no estudia alternativas, y el 83% no cuantifica a los beneficiarios (léase, no sabemos a cuántas personas beneficia tal o cual norma), por lo que no debería llamarnos la atención que el 98% ni siquiera identifique a los perjudicados.
Pero, al revisar la data, encontramos que el problema es peor: 96% de los proyectos no monetiza los beneficios directos, así como el 95% no monetiza los perjuicios. En casi el 70% de los casos, ¡ni siquiera se valorizan los costos para el Estado!
Sin duda este estudio explica, mejor que ningún otro, nuestra calidad regulatoria, que, por si lo habíamos olvidado, es de las peores del mundo: puesto 127 sobre 144 economías, según el último índice del Foro Económico Mundial en lo que a peso de la regulación gubernamental se refiere. Esa es nuestra realidad: estamos cubiertos por leyes mal pensadas, mal estudiadas, mal analizadas y, por lo tanto, nocivas para el desarrollo.
