Si en verdad quisiéramos retomar la senda del crecimiento y desarrollo económico, lo que implica regresar a las tasas de 7% y 8% de hace un par de años, bastaría con profundizar en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial. Para muchos puede sonar trillado y pesado, pero es de la máxima importancia tomar las acciones necesarias para no perder el paso ganado y llegar al 2021 como miembros de ese selecto grupo de países que conforman la OCDE.
Nuestro gran retroceso ha sido en el área que estudia la calidad institucional, problema que atañe no solo a las instituciones per se, sino también a la coordinación interinstitucional, lo que, en simple, significa que las decisiones de un organismo no se complementan con las acciones de otro y, por lo tanto, perdemos eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Tres áreas son las más preocupantes: privilegios en las decisiones de la administración gubernamental, despilfarro del gasto público y costos asociados al peso regulatorio. Estas tres áreas recaen de lleno en el ámbito de acción del gobierno. Es la actual administración la única responsable de este retroceso, así como la única capaz de revertirlo.
Si revisamos los megaproyectos recientemente entregados, en especial la Línea 2 y el Gasoducto del Sur, entenderemos por qué hemos descendido en dicha variable. Ambos proyectos pudieron ser más transparentes. Entregar esas obras multimillonarias de esa forma tan relajada genera desazón en cualquier otro inversionista. Atañe, además de la sensación de favoritos, a la calidad del gasto (léase, preocupación por el despilfarro).
Finalmente, está la maraña regulatoria, incrementada para todos los analistas (y por ello aparece en el índice) en este gobierno. ¿Qué se puede hacer para retrotraer? Cualquier equipo técnico, como aquel armado en los noventa, puede retrotraer esa absurda carga si el gobierno se lo permite; con voluntad política no debe tomar más de unos meses. Salvo que el gobierno quiera pasar a la historia como el de la Gran Regulación.
