Lo que no hemos hecho antes, nos pasa hoy la factura en número de peruanos muertos o desatendidos en esta pandemia.
Por: Juan José Cardenas, Líder de Proyectos e Infraestructura de EY Law
Gestión, 25 de junio de 2020
En el sector infraestructura, la crisis del covid-19 nos llegó en el peor momento. A los problemas que ya teníamos como país para sacar adelante proyectos, se había sumado el coletazo del caso Lava Jato, lo que hizo que se retrasen las inversiones de los proyectos de asociaciones público privadas – APP que estaban en ejecución y prácticamente, se pare en seco la adjudicación de nuevos proyectos en los últimos años (y mejor no hablar de la terrible situación de la obra pública, ejemplificada en el número de hospitales adjudicados pero no construidos).
Esta pandemia ha desnudado nuestras graves carencias en varios sectores (hospitales, escuelas, cárceles, etc.), pero, al mismo tiempo, abre una extraordinaria oportunidad para relanzamiento de las APP en infraestructura para cerrar las actuales brechas sociales y económicas del país. Sin embargo, si queremos aprovechar esta oportunidad y no cometer los mimos errores, necesitamos tomar acciones para tener un programa ambicioso de inversión en infraestructura para los próximos cinco años. No es fácil pero es posible.
Para empezar, no caigamos (nuevamente) en el error de pensar que se requiere una “nueva” Ley de APP. El marco legal actual es, en términos generales, adecuado y suficiente, aunque siempre puede ser mejorado en aspectos específicos. Lo que necesitamos es más gestión y más ejecución, no más leyes.
Segundo, muchos de los proyectos de APP que están en ejecución están siendo gravemente afectados por la pandemia (y, en algunos casos, por decisiones del Congreso como la suspensión de los peajes) que ha generado la reducción de sus ingresos y el incremento de sus costos: una combinación letal. El Estado y los concesionarios van a necesitar sentarse a conversar para buscar soluciones a esta difícil situación, lo que en algunos proyectos va a requerir ajustar el contrato de APP, eventualmente mediante una adenda. Ante situaciones excepciones se requieren medidas excepcionales para compensar el desequilibrio ocasionado por el covid-19. Necesitamos un procedimiento “fast track” para la evaluación y negociación de estas adendas ara darles viabilidad a estos proyectos.
En tercer lugar, tratándose de proyectos que están actualmente en la tubería, necesitamos “quick wins”. Esto pasa por concretar las adjudicaciones de los pocos proyectos que están listos para lanzarse al mercado apenas la pandemia lo permita (por ejemplo, los hospitales de Essalud de Piura y Chimbote y el Tren Macho) y acelerar la tramitación y, de ser el caso, la declaración de interés de las iniciativas privadas que tienen varios años en proceso (como las IPC de plantas de tratamiento de aguas residuales en diversas ciudades del país, el Anillo Vial Periférico, etc.).
Sinceremos también esta tubería, no sirve de nada “anunciar” proyectos que no se terminan de adjudicar en años.
Adicionalmente, en el caso de los nuevos proyectos de APP, debemos pensar en grande y licitar paquetes de proyectos (hospitales, PTAR, colegios, etc.) en lugar de seguir con el esquema de “proyecto por proyecto” y licitar un hospital, una escuela, una cárcel, de manera aislada, de morándonos varios años para ese solo proyecto (el caso de los hospitales de Piura y Chimbote es un buen ejemplo de esto). Esto nos ayudará también a atraer a más inversionistas y generar más competencia. Colombia ya sigue este camino y ha anunciado hace pocas semanas un paquete grande de proyectos (que ha denominado 5G) a adjudicarse entre 2020 y 2021.
Otro cambio importante viene dado por el esquema de Gobierno a Gobierno (G2G) que se usó para los Juegos Panamericanos, luego para el aeropuerto de Chinchero y, recientemente, con la firma el lunes de esta misma semana del acuerdo con el Reino Unido para la Reconstrucción con Cambios. Si vamos a seguir apostando por los G2G para la construcción de infraestructura, pensemos entonces en modalidades híbridas, en las cuales se construye la obra vía 2G2 y la operación se concesiona vía APP a un privado (lo que supone un análisis de riesgo distinto al de una APP en la cual el mismo inversionista construye y opera la infraestructura). Ya deberíamos estar convocando a un concurso para la concesión de la operación del aeropuerto de Chinchero.
Finalmente, este cambio debe venir acompañado de dos medidas transversales al proceso de estructuración, promoción y adjudicación de APP. Primero, empoderar realmente a ProInversión para que cumpla el rol central que debe tener en este proceso. Segundo, de limitar claramente las competencias que tendrán los diversos actores estatales involucrados (los ministerios, la Contraloría, los organismos reguladores) para eliminar la actual superposición de funciones e informes y opiniones innecesarias (“todos opinan pero nadie decide”). Todo esto dentro de un marco de transparencia y el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de licitación para evitar actos de corrupción.
Retomemos con fuerza la agenda de infraestructura. Lo que no hemos hecho antes, nos pasa hoy la factura en numero de peruanos muertos o desatendidos en esta pandemia. Si pensamos de manera ambiciosa, en grande, podemos lograrlo.
