“Vamos a impulsar acciones para que sea eliminado decreto que restringe la tercerización laboral”
Entrevista a Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú
Gestión, 7 de marzo del 2022
Por: Luis Hidalgo
Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú, señaló que el próximo año se verán las consecuencias de la derogación de la Ley de Promoción Agraria, con un posible freno en el crecimiento de agroexportaciones.
Las exportaciones alcanzaron un récord el año pasado, ¿qué factores lo explican?
Si bien los altos precios ayudaron al crecimiento de los ingresos por exportaciones mineras, las exportaciones no tradicionales también crecieron de manera importante. Las exportaciones totales (en valor FOB) creció en 35% y las no tradicionales a una tasa similar. En eso contribuyeron varios sectores: la agroexportación; la metalmecánica; y la industria pesquera no tradicional, entre otros.
¿Dicho récord responde a la política del actual Gobierno?
Este desempeño de las exportaciones es resultado del esfuerzo de años. Por ejemplo, en la agroindustria, el Perú se convirtió en el primer exportador de uvas en el 2001, superando a Chile. Para que una plantación de uva esté en plena producción requiere 3 o 4 años. Es decir, son las inversiones que se han hecho hace, cinco, diez años las que empiezan a madurar de manera significativa y explican ese récord que también se traduce en mayor empleo, formal, sobre todo.
¿Cómo ha paliado el sector agroexportador el impacto negativo de la derogación de la Ley de promoción agraria?
Lo primero es haber logrado altos niveles de producción, lo que tiene que ver con las inversiones ya realizadas en años anteriores; en tanto la contratación de personal ya estaba dada y las plantaciones estaban maduras. Sin embargo, con la derogación de la ley se ha perdido rentabilidad, pero el daño más grande fue que quedaron detenidos nuevos proyectos agroindustriales
Laboral
¿Cómo han recibido el DS que dio el Gobierno que prohíbe la tercerización laboral para el núcleo de la actividad?
Es una norma que ha sido emitida por el Gobierno sin cumplir con los procedimientos correctos. Y desde nuestro punto de vista esta norma debe ser cuestionada y derogada. Además, es una norma legal con “anteojera” porque parte de una hipótesis de que hay un mal uso de la ley de tercerización.
¿No es correcto el argumento?
Es erróneo. La tercerización ayuda a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas; restringirla, como está haciendo este Gobierno, es ponerle un saco de plomo a las empresas porque se les exige contrataciones laborales que no necesariamente son eficientes, eficaces y productivas para el negocio.
¿ComexPerú va a tomar alguna medida al respecto?
No puedo anticipar qué medida vamos a tomar, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a impulsar acciones para que ese decreto supremo que restringe la tercerización laboral sea eliminado completamente. Pero el problema va más allá: hay intención de aumentar el salario mínimo y otras medidas que son pensadas desde un punto de vista ideológico y antiempresa.
La ministra de Trabajo ha dicho que la Agenda 19 que dejó el exministro Íber Maraví, sigue adelante. ¿Qué harán los empresarios?
Consideramos que estas posiciones ideológicas, antiempresa, no solo perjudican la competitividad del país y destruyen y desincentivan las inversiones y la creación de empleo, sino que -además- ignoran la realidad, que el 78% de los peruanos trabaja en la informalidad. Tenemos un régimen laboral excluyente, discriminatorio; es un régimen para élites, para empresas que pueden cubrir los costos que demanda dicho régimen.
Funcionarios
Un problema recurrente en el Gobierno es el nombramiento de funcionarios no idóneos ni calificados. ¿Cómo interpretan los empresarios esta situación?
No vemos ninguna explicación racional ni lógica a eso. Acá la única explicación que tengo es que habría una intención de tomar el poder a través de, primero, controlar todas las instituciones públicas para después hacer que el aparato estatal responda a órdenes del Gobierno.
El presidente Castillo acaba de observar la ley que impide que personas procesadas puedan ser ministros o viceministros…
Eso demuestra que no tiene la intención de tener personas idóneas en cargos públicos.
En lo económico, ¿cuánto afectan esas malas designaciones?
La consecuencia de ese problema es que se produce una paralización de inversiones, si se tiene en puestos claves personas que no conocen la función ni tienen las capacidades técnicas requeridas. Pareciera que la única intención es que se paralice totalmente el Estado, y eso paraliza a todo el país.
Economía
La inversión pública está cayendo desde octubre del 2021…
Esa caída es una demostración de la pobre capacidad de gestión del Estado.
Diversas proyecciones privadas indican que el crecimiento de la economía sería alrededor de 3% y con sensación de estancamiento. ¿Qué prevén los empresarios?
Estamos de acuerdo con esas proyecciones. Además, por la forma que está haciendo las cosas este Gobierno se va a perder la oportunidad de aprovechar el aumento extraordinario de los precios internacionales y de generar empleo de calidad y riqueza en el país. Si lo aprovecharan, incluso los podría beneficiar (en su aprobación), pero no lo ven.
Nuevo Gabinete
¿Qué esperan en ComexPerú de la presentación del nuevo Gabinete ante el Congreso mañana?
Todavía tenemos mucha incertidumbre al respecto. Pensamos que lo más probable es que sí se apruebe la investidura para no quemar “la bala de plata”, pero si tuviera que contratar a algunas de las personas cuestionadas de ese Gabinete, lo pensaría dos veces.
Crecimiento de exportación agraria podría frenarse desde 2023
El crecimiento de las agroexportaciones podría verse frenado a partir del 2023 debido a que cambios en el marco normativo, como la derogación de la Ley de Promoción Agraria y una serie de normas en materia laboral que viene introduciendo este Gobierno, así como su política económica general, están deteniendo nuevos proyectos de inversión, advierte el presidente de ComexPerú, Juan Fernando Correa. “Para este año esperamos que sigan creciendo porque la producción viene de campos que han sido sembrados en 2019 y 2020 (a menor ritmo) y que van a entrar en producción este año, pero en el 2023 y 2024 no vamos a ver un fuerte crecimiento en la producción y exportación de frutas porque las hectáreas instaladas no están creciendo al ritmo deseado”, precisó.
Hectáreas
Justamente, mientras en los últimos 10 años se incorporaron, por lo menos, unas 5,000 hectáreas adicionales a la agroexportación, con una inversión del orden de los US$ 250 millones, tras la derogación de la referida ley se habrían dejado de instalar unas 2,000 hectáreas de cultivos.
“El problema principal, sin embargo, es que se estancaron proyectos como Chavimochic III, o Majes-Siguas II que, si se hubiesen concretado, permitirían incorporar 50 mil hectáreas más”, agrega.
Actualmente se dedican a la agroexportación unas 200 mil has, las cuales generan ingresos por exportaciones de unos US$ 8,000 a US$ 9,000 millones, por lo que incorporar 50 mil has significaría aumentar esos ingresos en un 25% al año, (más de US$ 2,000 millones) y 50 mil a 100 mil empleos (considerado los indirectos), detalla.
Incentivos
El Gobierno planteó incentivos tributarios para los agroexportadores que ayuden a insertar a los pequeños productores en la cadena exportadora. “No somos partidarios de los subsidios, ni de incentivos tributarios, sino de reglas claras que se sostengan en el largo plazo. Pero sí somos conscientes que el pequeño agricultor requiere ayuda para mejorar su productividad e ingresos”, señala Correa.
