Por: Juan Carlos Tafur
Sudaca.pe, 4 de diciembre del 2023
Las economías delictivas financian campañas electorales a cambio de que luego se aprueben normas que los beneficien o se dejen de aprobar las que los perjudican. Es un trueque mafioso que los fiscales no persiguen.
Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$6.657 millones al año en el país. Según otros estudios, el monto es significativamente mayor.
La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$1.777 millones), seguida por la trata de personas (US$1.300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$1.134 millones). También se contempla las categorías de tala ilegal (US$880 millones), extorsión (US$530 millones), pesca ilegal (US$300 millones), contrabando (US$234 millones), piratería de software (US$209 millones) y tráfico de terrenos (US$143 millones). Es un mínimo calculado, pero todo apunta a que las cifras son superiores.
Se sabe que buena parte de ese dinero se va en pagar sobornos a todas las autoridades que puedan afectar su negocio (policía, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios públicos,, congresistas, etc.). Lo que es más grave, se conoce a ciencia cierta que financian campañas electorales con ingentes recursos a cambio de que luego se aprueben normas que los beneficien o se dejen de aprobar las que los perjudican. Es, claramente, un trueque mafioso.
La pregunta es qué hace la Fiscalía al respecto. Cientos de fiscales distraen años de esfuerzo, con miles de horas-hombre, decenas de viajes, en perseguir algunos millones de dólares de aportes de campaña de empresas formales a diversos partidos políticos, cuando eso no era delito de lavado de activos en la época que se produjeron, en lugar de abocarse a la verdadera incursión mafiosa de los dineros sucios de las actividades claramente ilegales en la política peruana. Allí, no se hace nada.
Se van a caer en el Poder Judicial todos los casos que vinculan los aportes de empresas como Odebrecht a las campañas electorales, cuando no se haya probado intercambio ilícito (el único caso que se ajusta a ello es el de Susana Villarán) y, por ende, saldrán libres de la persecución centenares de personas que tuvieron la mala fortuna de participar en el proceso y que llevan años de años perseguidos por fiscales enfebrecidos en hallar allí la prueba madre de la corrupción en el Perú.
Y mientras tanto, la verdadera entraña mafiosa, que amenaza con contaminar los basamentos de la democracia -la representación política-, en base a la injerencia abierta y descarada de dineros provenientes de actividades de economías delictivas, y que, por ende, sí constituyen lavado de activos, no es tocada ni con el pétalo de una rosa por los atribulados fiscales anticorrupción.
