Por: José Carlos Requena
El Comercio, 29 de enero de 2019
Han pasado casi veinte años desde que la agenda descentralista lograra su cometido y se tomara la idea de la elección popular en las regiones. Los resultados, a nivel de gestión, no son del todo alentadores y se han visto recurrentes acusaciones de corrupción, que han terminado con varios gobernadores regionales pasando por las cárceles.
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Los gobernadores regionales se han vuelto actores de gran relevancia en la política nacional. Hoy los dos cargos políticos más importantes los tienen quienes antes lideraron sus regiones. Con ellos al frente, se ha continuado con la relación cercana establecida desde julio del 2016.
La referencia viene a colación al ver a otros líderes regionales atrayendo titulares en días recientes. Por ejemplo, dos gobernadores regionales en funciones (Vladimir Cerrón, Junín; y Zenón Cuevas, Moquegua) y uno de gestiones pasadas (Gregorio Santos, Cajamarca) participaron en una reunión que buscaba, una vez más, lograr articular un frente de izquierda con miras a las elecciones del 2021. Cerrón y Santos no dejaron tan grata recordación, lo que no impidió que su carrera política continuara.
Algunas iniciativas también podrían impactar profundamente en la economía y, comprensiblemente, han causado controversia y alarma. Hace algunos días, el gobernador Cuevas anunció que su gestión presentará un proyecto de ley para lograr la aplicación de un impuesto a las utilidades netas. “Esta tasa puede ser negociable, pero estamos proponiendo que sea de 10% para todas las actividades extractivas del país. Esto sería para todo el país”, dijo Cuevas (“Gestión”, 22/1/2019). Al cierre de esta columna, dicho proyecto no se había presentado.
También ha habido controversia con el gobernador Cerrón por su posición respecto al currículo educativo nacional, planteando su propio diseño curricular regional (DCR). Al sustentar la necesidad de esta iniciativa y de no convocar a ella a técnicos del Minedu, Cerrón le dijo a Fernando Alayo que “el ministerio siempre ha vivido en otro planeta” (El Comercio, 25/1/2019).
Así, el poder electoral parece haber dotado a líderes de variadas agendas de un espacio de poder, con intereses ajenos a la integración regional. Más bien, sus diversas plataformas distan de la ansiada conformación de macrorregiones, el ideal primigenio sentado en la Ley de Bases de la Descentralización (2002).
Hace algunos días, Carlos Leyton presentaba un avance de una investigación en curso, encargada por la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), sobre las dinámicas en la macrorregión sur. Una de las conclusiones preliminares era la constatación del ensimismado ánimo en los liderazgos políticos de los departamentos devenidos en regiones, lo que dificulta no solo la integración macrorregional, sino también la carencia de una política que mire a los países vecinos.
¿Querrá el popular presidente Vizcarra enfrentar el reto de formar regiones? ¿O más bien optará por mantener la descentralización como una reforma ociosa, “inútil, sin fruto ni provecho”?
