Buscando direccionalidad
José Antonio Luna Bazo
Sociólogo / Consultor
Para Lampadia
Desde el establecimiento del Estado de Emergencia –“Toque de Queda- y la Cuarentena –“Quédate en tu Casa”, vigente desde el 16 de marzo y los posteriores y sucesivos cinco anuncios del gobierno prorrogando ambas medidas, la última al 30 de junio, aunado a la entrega de dos aportaciones de “Bonos” en favor de los grupos sociales vulnerables, generaron el desplazamiento de cientos de familias a los mercados y a las ventanillas del sistema bancario. Además, la decisión de segregar por género y días de la semana el desplazamiento a mercados y bancos, para atender la adquisición de alimentos y las gestiones financieras y la consiguiente congestión de personas encendieron aún más las alarmas del contagio del COVID19. La estimación de esa ruta para la administración y control de la crisis no resultaba prudente y menos exitosa.
La evaluación de las medidas ejecutadas confirmó la urgencia de replantearlas. Las autoridades cancelaron la segregación por género y apuntaron a los grandes mercados y centros de abastos con el propósito de impedir que la cadena de contagios continuara aumentando exponencialmente. Se empezó a mirar los mercados y los centros de abasto con particular interés, reconociendo que se trata de una realidad ajena, necesaria e imprescindible. Era claro que, al no cumplirse con el distanciamiento social, ni con la práctica de protocolos básicos de higiene -lavado de manos- protección y cuidado, el esfuerzo colectivo no daría resultado y esas situaciones se manifestaron con el desplazamiento masivo de personas a los mercados y centros de abastos, paraditas y puestos de venta de productos agrarios.
En paralelo al Estado de Emergencia –“Toque de Queda- y a la Cuarentena, el gobierno consideró preciso subrayar el cumplimiento de las responsabilidades de los gobiernos locales, es decir el rol que la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades- asigna a los estamentos del gobierno sub nacional, vale decir, municipios distritales y provinciales y que, al parecer, para éstos la norma no existía. En esa perspectiva el 7 de mayo se publica en el diario oficial El Peruano, Decreto Supremo N.º 099-2020-EF, con la modificatoria de los Procedimientos para el cumplimiento de Metas y Asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2020. Los recursos se reorientan para incentivar a las instancias municipales.
La modificatoria plantea exigencias a nivel de metas que deben ser alcanzadas como parte del proceso de contención a la crisis socio sanitaria en los mercados y centros de abastos, bajo la responsabilidad de la municipalidad -distrital o provincial- en cada jurisdicción las que, luego de la evaluación pertinente, podrían ser susceptibles de recibir asignaciones económicas. Las responsabilidades que se exigen a las municipalidades, en estos tiempos de pandemia, están planteadas con una metodología de verificación cuantitativa y dirigidas a que en cada mercado y centro de abastos a) se establezca un Comité de Auto Control Sanitario, b) se cuente con una relación de comerciantes u operadores de puestos y, c) que se cumpla con las exigencias prevención y contención del Covid 19. Meta, esta última, que consiste en un protocolo de higienización y prevención, con medidas socio sanitarias para los actores -proveedores y comercializadores- de la cadena de suministro. Por el nivel de aglomeración y de evidentes y débiles condiciones socio sanitarias, en una primera etapa se han seleccionado treinta seis (36) mercados, en doce (12) regiones del país e intervenidos por Equipos de Respuesta Rápida para verificar la implantación de las medidas de cada meta. Estos son el punto de partida para el Plan de Incentivos.
Otra medida convergente con el propósito de contener la crisis socio sanitaria está plasmada en el Decreto Supremo N° 011-2020-Produce, del 21 de mayo, con el que se establecen los lineamientos para la regulación y el funcionamiento de los mercados de abasto y espacios temporales para el comercio de alimentos. La norma busca garantizar que la cadena logística de alimentos se mantenga, preservando la continuidad del funcionamiento de los centros de abasto en condiciones favorables para vendedores y compradores y atenuar los resultados alarmantes de pruebas positivas entre los comerciantes y personal que colabora con éstos.
Las pruebas de COVID 19, arrojan un alto porcentaje de contagios que superan el 60 % y 70 % de los comerciantes. Hay situaciones paradójicas, como la ocurrida en el Mercado de Frutas, en el distrito de La Victoria, en Lima, en el que se verificó que 86 % de los comerciantes estaban contagiados, procediendo la autoridad municipal a clausurarlo para su desinfección. Una vez abierto y en funcionamiento se ubicó que en las inmediaciones de este importante mercado se comercializaban “certificados negativos” de pruebas Covid 19. Claro está se trataba de constancias fraguadas, adquiridas para ingresar al centro de abasto. Una clara muestra de corrupción que jaquea un aspecto sustantivo del protocolo de prevención.
Con errores y aciertos el gobierno nacional se esfuerza en detener la propagación del virus. Sin embargo, las acciones y decisiones ejecutadas desde el inicio de la cuarentena muestran idas y venidas en la estrategia -más allá de las variaciones propias exigidas por la pandemia- en la que las autoridades locales parecían no existir. Es evidente que la lectura de la realidad del país es ajena y desconocida para muchas autoridades. De la Población Económicamente Activa, PEA, 71% sobrevive en el llamado sector informal -economía de subsistencia-, es decir están obligados a realizar actividades que les provean recursos para el día a día. Entre éstos muchísimos son vendedores ambulantes, ayudantes en líneas de transporte, estibadores o colaboradores temporales y comerciantes.
Esta realidad asociada a la pobreza y la pandemia lo que ha hecho es desnudar los escenarios de miseria para cuantiosos peruanos y así se ha reflejado en las regiones principalmente de Lima, Lambayeque, Piura, La Libertad y Loreto. Ha mostrado la desigualdad cotidiana en todas sus manifestaciones de informalidad, el desborde popular, como lo caracterizó Matos Mar. La economía del día a día y las innumerables personas en las calles y en los mercados y centros de abasto, se explica por el 22% de los hogares pobres en los que no existe un refrigerador, mínima cadena de frio indispensable para sobrevivir en cuarentena, un día o dos sin abandonar la morada. Con la pobreza acosando a cientos de miles de familias, no es posible contener la propagación del virus.
En nuestro país se puede confirmar la existencia de autoridades corroídas por el arribismo, manifiesta incapacidad y altos niveles de irresponsabilidad. Estas conductas se insertan también en la informalidad, son parte de ella, y campean también entre quienes han asumido tareas de dirección en distintas instancias de gobierno. Ante la pandemia y la crisis socio sanitaria que ésta ha desatado y que ya ha cobrado 4 mil muertos, surgen preguntas que caen por su propio peso. Con autoridades desaprensivas e indolentes, ¿tiene futuro el Plan de Incentivos? ¿Se podrán cumplir las metas en los mercados de abasto? ¿las autoridades asumirán el rol que les compete? Pero tanto o más importante, las tareas que conciernen a proveedores, comerciantes y sus colaboradores, y los propios compradores, ¿se corresponderán con las exigencias del Plan de Incentivos?
Con un Estado ineficiente, caracterizado por la ausencia de previsión y con clamorosas incapacidades de gestión y muchas de aprovechamiento ilícito, el Plan de Incentivos no está convocado, precisamente, a convertirse en uno de los ejes de lucha contra el COVID 19. A la actitud desaprensiva e incapacidad de muchas autoridades, se suman actos deplorables de alcaldes detenidos en diversas regiones del país, en su mayoría por no acatar las normas de la “cuarentena y del toque de queda”, desacatando la inamovilidad social y por mantener reuniones en espacios públicos y privados.
La estrategia del gobierno, después de más de setenta días, ha sido redefinida y lo ha hecho por la exigencia de la propia realidad. Es lo que se llama el peso de la evidencia de la realidad social y económica. Con esta premisa por delante, aplica controles en lugares de alta concentración de personas, mercados, centros de abasto y estaciones de transporte, tanto en el metro de Lima o en los paraderos de alta concentración como Puente Nuevo y, en días recientes, en el centro comercial de “Gamarra”, donde se concentran miles de vendedores. En el entorno de este emporio comercial se ha aplicado el cerco epidemiológico, procurando convertirlo en una suerte de “burbuja” de aislamiento y control.
Sin embargo, los resultados de las pruebas rápidas revelan la precariedad de las condiciones de la población, sobre todo la que se expone cada día al contagio. Según fuentes del Ministerio de Salud- Minsa- al 27 de mayo existían 135,905 casos confirmados y entre estos destacaba la ciudad de Lima con 84,994 personas, mientras que la víspera registró 80,882, de un día para otro 4,112 infectados. La crudísima realidad que enfrenta el país y en particular las ciudades de Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura e Iquitos está evidenciando que el virus está diseminado, que no solo es un acierto el control en los puntos de concentración poblacional, mercados, centros de abasto y/o paraderos de transporte público, sino que igual atención debería ponerse al desplazamiento de las personas y a los “espacios dormitorios” donde residen.
Es insuficiente el control y la prevención en los mercados y medios de transportes. El Plan de Incentivos es un aliciente y una buena manera de colocar responsabilidades en los gobiernos locales y en los actores sociales involucrados en el suministro de alimentos. Pese a esa razonable intención, es necesario observar con atención las rutas del desplazamiento del virus. Éste, lo han señalado los expertos, no se traslada solo, viaja con las personas que somos, por excelencia, los transmisores y medios de propagación y contagio. Afinar el diagnóstico temprano en cada barrio, implica establecer “enclaves epidemiológicos”, es decir controles sectoriales que vayan ampliándose en diversos ejes y radios de la ciudad conforme se avance en la eliminación del virus. No se trata de un confinamiento que sacralice la inamovilidad, es más bien una manera de preservar la salud de todos, contagiados y no contagiados y, en simultaneo, acercar a unos y otros la provisión de alimentos y de los recursos para sobrellevar la cuarentena y la pandemia.
Se trata de impulsar la reducción de contagios y ese objetivo no se logrará solo con el Plan de Incentivos en Mercados y Centros de Abasto, es perentorio iniciar acciones agresivas de control socio urbano acompañadas con intervenciones sanitarias de rápida respuesta. Los “enclaves epidemiológicos”, deberían acompañarse del pronto acercamiento de los mercados a los ciudadanos, vale decir que las autoridades municipales -distritales y provinciales- asuman la organización de unidades itinerantes, –plataformas de 40 TN de tractos– debidamente acondicionadas para expender los productos de consumo diario forzando, en el mejor sentido, el distanciamiento social, garantizando la disponibilidad de alimentos, evitando la concurrencia masiva de compradores, descentralizando los mercados establecidos y facilitando a los productores agrícolas y comerciantes la venta de sus productos.
Pero más allá de las acciones de control y prevención, el Estado y el gobierno, -Ejecutivo y Legislativo, ambos- se encuentran frente a una demanda a la que no pueden ni deben cerrar los ojos, hacerlo sería un acto suicida. Se trata de desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo que se oriente a la generación de un marco legal que permita, con simpleza y prontitud, la formalización de los cientos de miles de personas de la PEA que se desempeñan fuera de las condiciones laborales necesarias para acceder a los beneficios de los productos sociales, salud, educación, vivienda y trabajo digno, cuando menos.
Las medidas impulsadas por el gobierno adolecen de una necesaria visión de largo plazo y sus decisiones son tan solo reactivas a la crisis socio sanitaria del coronavirus. La informalidad está presente, es parte de la realidad de nuestra sociedad y son esos sectores populares los que se han labrado el camino de la subsistencia pese al propio estado, que sigue mostrándose incompetente y excluyente. Impulsar la inversión privada, la asociatividad popular, las iniciativas público privadas y los proyectos de inversión en infraestructura y minería, son los reclamos que la crisis ha puesto en la agenda nacional. El cortoplacismo solo dejará al país en un anquilosado statu quo, rumiando miserias y contabilizando fallecidos. En las Políticas Públicas deberían insertarse los procesos de integración del denominado sector informal a la economía y a los beneficios y productos sociales de la sociedad.
