Por: Jorge Peschiera
Expreso, 10 de octubre de 2019
El poder corrompe y, cuando es absoluto, corrompe absolutamente. Luego de disolver el Congreso, Martín Vizcarra (MV) concentra hoy todos los poderes del Estado, con lo cual ostenta ese poder absoluto que muy probablemente lo corromperá, si no se hace algo para evitarlo. El Tribunal Constitucional (TC) tiene la potestad de declarar nulo el decreto supremo que ordenó el cierre del Congreso y tiene los elementos jurídicos y la responsabilidad histórica para hacerlo. Sin embargo, algunos de sus miembros han adelantado opinión en sentido contrario y, además, se aferran a sus cargos, incumpliendo el mandato que les obliga a incorporar al nuevo miembro, legalmente elegido por el Congreso el pasado 30 de septiembre.
MV controla el Poder Ejecutivo y, luego de disolver el Congreso, tiene poder para legislar. Además, ejerce presión sobre jueces y fiscales, por medio de su manejo de los presupuestos y niveles remunerativos o a través de sus ataques o halagos con nombre propio. En suma, MV controla directamente los poderes Ejecutivo y Legislativo y ejerce gran influencia sobre el Poder Judicial y la Fiscalía, después de haber logrado reemplazar al anterior fiscal de la Nación, colocando en su lugar a alguien de su confianza.
Asimismo. MV tiene enorme influencia sobre el ‘Cuarto Poder’ del Estado, los medios de comunicación, para difundir sus posiciones, promover sus candidatos y atacar a quien se le ponga en el camino, por medio de la difusión obligada de sus declaraciones y la selectividad para dar mayor acceso a la información a algunos medios sobre otros, aparte del direccionamiento de la publicidad del Estado hacia los medios que más lo favorezcan.
En ningún momento de la historia del Perú, persona alguna ha concentrado tanto poder como tiene ahora MV. Ejemplos abundan acerca del efecto del poder sobre las personas que lo ejercen; por algo existe el refrán citado al inicio de este texto. Es difícil esperar que MV sea una excepción, después de habernos mostrado a todos los peruanos, desde que asumió el poder en 2018, su inclinación autoritaria, la que se ha venido acentuando conforme MV ha ido constatando que, actuando de esa forma, aumenta su aprobación en las encuestas.
Los miembros del TC tienen la enorme responsabilidad de exigir el cumplimiento de la Constitución y de esa forma evitar el riesgo de que el país caiga en el totalitarismo, que más adelante terminará inclusive restándole autoridad y vigencia al propio tribunal. Si el TC no declara nula la disolución del Congreso habrá abdicado su rol de garante de la Constitución, evadiendo su responsabilidad histórica. No solo se trata de la correcta interpretación de algunos artículos de la Constitución sino de algo más importante y trascendente, su esencia, basada en la separación y equilibrio de poderes y el cumplimiento del debido proceso. De no declarar nula la disolución del Congreso, estará exponiendo a MV a la tentación de perennizarse en el poder, al tener todas las herramientas para hacerlo, especialmente si se le permite seguir interpretando la Constitución a su antojo.
La declaración de distinguidos juristas, publicada la semana pasada, cuya copia se muestra en la edición de hoy de este diario, contiene elementos suficientes para declarar nula la disolución del Congreso. Otras declaraciones intentan justificar la disolución con diversos argumentos. Los miembros del TC tienen en sus manos la elección.
Antes de responder a cualquier nueva encuesta sobre este tema, los peruanos debemos preguntarnos a quien podremos recurrir si MV, sus ministros u otros funcionarios públicos incumplen sus obligaciones o cometen excesos o delitos. Asimismo, cada uno de los miembros del TC deberán ponerse la mano en el pecho y actuar según su conciencia, pensando en el Perú, dejando de lado sus intereses e inclinaciones personales.
