Al 2016, el Perú duplicará su producción actual de 1.3 millones de toneladas anuales y por tanto su participación en el mercado global será mayor. No es suficiente. Por eso, es necesario que del 2015 al 2030 se descubran nuevos proyectos de cobre en el país. Para ello, hay que tomar en cuenta algunas similitudes con Chile, primer productor del mundo.
Por ejemplo, en Chile el proceso de los megaproyectos, desde su descubrimiento hasta su puesta en marcha, tomó menos tiempo que en el Perú. Tal es el caso de las minas La Escondida y Collahuasi, que requirieron 10 años y 20 años, respectivamente, para iniciar sus operaciones. En nuestro país, el megaproyecto Las Bambas tomó más de 90, Toromocho más de 80 años y Constancia más de 20 años.
Desde el punto de vista de los costos de inversión, estos se elevaron notablemente. En Chile fue por el incremento del precio de la energía, así como por la necesidad de plantas de agua desalinizada y su respectivo sistema de bombeo. En el Perú, el escalamiento fue por la falta de infraestructura, sobrerregulaciones y mayores expectativas sociales.
Por otro lado, Chile experimentó, entre el 2004 y el 2013, una baja de las leyes del cobre de 1% a 0.6%, lo que implica construir tajos más profundos y un mayor costo por la distancia para el transporte de minerales. Esta situación nos otorga cierta ventaja, ya que en el Perú tenemos mayor número de proyectos con potencial de desarrollo, con áreas por explorar cerca a operaciones, así como en nuevas áreas aún no exploradas.
En suma, el Perú tiene a su favor, para atraer inversiones, costos más competitivos. Al 2030, el Perú estará en el primer y segundo cuartil y Chile en el tercer y cuarto cuartil de costos globales. Para aprovechar esas ventajas es necesario descubrir más proyectos. Por lo tanto, realizar más exploraciones. Para eso habría que ejecutar algunas líneas de acción como:
– Promover, en las zonas con potencial minero, plataformas de relacionamiento con las comunidades en las que se discutan, informen y acuerden propuestas de articulación entre agua-minería-agricultura, así como educación-minería.
– Intensificar la presencia multisectorial del Estado para facilitar e impulsar la ejecución, en el menor tiempo posible, como se hizo en Toromocho, de proyectos en desarrollo como Las Bambas, ampliación de Cerro Verde, Constancia, ampliación de Toquepala, y Tía María.
– Destrabar los proyectos y desde el MINEM brindar soporte en gestión social para la concreción de proyectos de exploración de cobre como Magistral, Río Blanco, Tambogrande, Los Chancas, Haquira, Cañariaco, La Granja, Quechua, Rondoni, El Galeno, Los Calatos, Michiquillay, Anubia, Mina Justa, Trapiche y Quicay, entre otros, como se hizo con Tía María, ampliación de Toquepala, Pampa Pongo; Tambomayo, entre otros.
– Aprovechar sinergias entre proyectos regionales que por su ubicación geográfica generen masas críticas, optimicen circuitos logísticos multimodales, disminuyan costos de inversión y menores impactos ambientales, como podría ser el caso de Michiquillay, El Galeno y Conga en Cajamarca.
– En lo institucional, es necesario promulgar el nuevo reglamento de protección ambiental que recoja las buenas prácticas y el uso de la mejor tecnología vigente en las actividades de la mediana y gran minería, y continuar con la estructuración de la Ventanilla Única en el MINEM, reduciendo drásticamente los plazos de autorización.
En el largo plazo, la libra de cobre estará entre los US$ 3 y US$ 3.5, por lo que apostar por el desarrollo de proyectos en exploración y por la búsqueda de nuevos proyectos permitirá que la minería eleve su contribución por encima del 15% del PBI actual, garantizando el crecimiento sostenible del país.
