Más de un partido político está usando las críticas a los programas sociales como una parte de su estrategia para atacar al gobierno y mejorar su posicionamiento con miras a las próximas elecciones presidenciales.
Frente a ello es indispensable canalizar las críticas y las recomendaciones sobre los programas sociales de tal manera que no se constituyan en instrumentos políticos para atacar al gobierno de turno, sino que realmente sirvan para garantizar la transparencia en la conducción de las políticas y programas sociales, evaluar su eficacia, generar recomendaciones compatibles con estándares internacionales y monitorear su implementación.
En esta tarea todos estamos fallando. Los expertos, y los que fungen de tales, opinan echando leña al fuego; la prensa presenta como expertos independientes a personas que suelen ser funcionarios de gobiernos anteriores, quienes presentan críticas poco rigurosas. Por su parte, el Gobierno se encuentra paralizado y no parece tener idea de cómo reconducir este proceso para asegurar, ante la opinión pública, la credibilidad de lo que está haciendo en materia de política social.
Una posible salida a este lamentable entrampamiento es la constitución de un comité consultivo que apoye al Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Sinadis), cuya secretaría la ejerce el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La formación de esta comisión es clave: debe ser un grupo plural en lo académico y político, que pueda ser percibido como imparcial y logre trascender al gobierno de turno. Independientemente de si incluye a organismos internacionales, lo que le dará fortaleza es la pluralidad de su composición y la transparencia con la que actúe. Esta comisión podría reportar cada cierto tiempo, a partir de informes de carácter público, sus críticas y recomendaciones; dando cuenta de los avances en la marcha de los programas sociales. Esta propuesta es similar al Consejo Consultivo sobre la estimación de la pobreza que ya está apoyando al INEI, con buenos resultados. Una comisión de este tipo podría ser parte del sistema de transparencia en la rendición de cuentas de la política social que aún falta construir.
De manera complementaria, la comisión Quipu, creada hace un año por el Midis para mejorar la eficiencia y efectividad de la política social (y que ahora brilla por su ausencia), podría tener un rol más activo para diseñar intervenciones piloto que permitan ajustar aquello que no esté funcionando en los programas sociales que se ejecutan.
Los programas sociales no son la solución a la pobreza. Son parte temporal pero indispensable de la solución. Es importante que las poblaciones vulnerables no se conviertan en botín político y que se logre consolidar una política social que trascienda al gobierno de turno. Solo así se logrará avanzar en la consolidación de un desarrollo realmente inclusivo.
Publicado en El Comercio, 8 de noviembre de 2013
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