Javier Díaz Orihuela
Dar un plazo de 48 horas por el gobierno para que las clínicas privadas acepten las condiciones de funcionamiento respecto a la pandemia y de no cumplirse, se procedería a expropiar ese sector, es una clara amenaza de estatización. Ya el País se enfrentó al intento de estatizar la banca, seguros y financieras durante el primer gobierno de Alan García Pérez y triunfó la opinión pública que se opuso. Reintentar un procedimiento ya superado en todo el mundo es retrógrado y quienes lo propician evidencian posiciones de abierto autoritarismo.
Apelar al artículo 70 de la Constitución Política del Perú, no tiene sustento porque no se refiere al ámbito de atención de la salud, sea el estado en que se encuentre el país. Ese artículo se aplica para expropiaciones de orden territorial. Así está esclarecido en los siguientes e inmediatos artículos constitucionales. Por tanto las medidas anunciadas son inconstitucionales. Tiene sabor a ganar simpatías con ave marías ajenas, en víspera de la convocatoria a elecciones generales para el año 2021.
Pretender estatizar el sector privado de salud, comenzando por las clínicas es muy grave. Podría convertirse en el camino que abarcaría a otros sectores productivos y con ello terminar con el Estado de Derecho en Libertad. Las consecuencias de orden económico sería funestas. El país entraría a una profunda recesión económica financiera producto de la desconfianza que se originaría a nivel interno como externo.
El anuncio del presidente Vizcarra, no está suficientemente meditado. El número de camas en las clínicas que podría dedicarse a enfermos del coronavirus es muy limitado en comparación a las camas en los servicios públicos y no cumpliría con el fin de atender a todos los enfermos, porque ellos superan cualquier capacidad disponible. Entonces el anuncio es simple y llanamente demagógico e irresponsable.
