Por: Janice Seinfield, Directora de Videnza Consultores
El Comercio, 17 de setiembre de 2019
El Comercio, 17 de setiembre de 2019
El perfil epidemiológico en el mundo ha cambiado en los últimos años, y el incremento más preocupante, en cuanto a carga de enfermedad, se viene dando en las enfermedades no transmisibles. El Perú no es ajeno a esta realidad. Mientras que en 1990 representaban el 36% del total, en el 2017 ya habían escalado a 66%, según el Global Health Data Exchange.
Tratar estas enfermedades crónicas, como el cáncer y las dolencias renales, conlleva enormes desembolsos que pueden convertirse en gastos catastróficos, entendidos como aquellos mayores al 40% de los gastos del hogar. Los gastos catastróficos, además, muestran una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.
Para evitar el empobrecimiento de la población debido a estas enfermedades de alto costo, los países desarrollan políticas orientadas a garantizar la cobertura financiera de ciertos servicios. Y, para ello, la mejor opción es un seguro que cubra a toda la población a fin de que se pueda diluir el costo promedio de tratamiento. Colombia, Uruguay y Chile, por ejemplo, han desarrollado fondos universales mancomunados que ofrecen las ventajas de un pool de riesgos que, a la vez, disgregan la probabilidad individual de ocurrencia de eventos catastróficos. Además, permiten los subsidios cruzados: de sanos a enfermos, de jóvenes a ancianos, de ricos a pobres. Cuando todas las personas están cubiertas, disminuye la posibilidad de que solo las enfermas o las que tienen más riesgos se aseguren. Esto permite la sostenibilidad del seguro de salud.
Estos tres países también han ganado eficiencia por estandarizar la selección de los tratamientos y medicamentos que el seguro cubre. Para ello han empleado criterios de costo-efectividad y otros análisis en el marco de las evaluaciones de tecnología sanitaria, así como la estandarización de la prestación con protocolos y guías de práctica clínicas. Esto disminuye la variabilidad en la práctica clínica y mejora la calidad y oportunidad en la atención. Finalmente, estos fondos contribuyen al fortalecimiento institucional pues garantizan la intangibilidad de sus recursos.
En el Perú, las enfermedades de alto costo generan muchos años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura. Por ello, tenemos al Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), que inició actividades para cubrir a los afiliados del Seguro Integral de Salud (SIS) en siete tipos de cánceres, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo. Sin embargo, no es posible estimar una prima asociada a sus asegurados por su limitada autonomía institucional y financiera y porque solo cubre el costo variable de las atenciones (insumos y medicamentos). Todo esto perjudica su capacidad para desarrollar estrategias de gestión del riesgo, ampliar las coberturas, estandarizar la prestación a nivel nacional y optimizar sus costos. Este escenario afecta una protección financiera efectiva. Basta ver que en el 2016 el gasto de bolsillo en el Perú fue del 28% como porcentaje del gasto total en salud, considerablemente superior al estándar de la OMS, de entre 15% y 20%.
Por la fragmentación y segmentación del sistema de salud peruano, la cobertura varía según subsistema y la prestación no está estandarizada (no existen protocolos de tratamiento válidos para todo el sistema). En consecuencia, aunque se cubra el tratamiento de un determinado diagnóstico, el nivel de protección variará dependiendo del seguro. Asimismo, el sistema es ineficiente puesto que la cobertura en redes fragmentadas implica la duplicación de los escasos recursos. Esto teniendo en cuenta que todavía el 24% de peruanos no cuenta con un seguro de salud y, peor aún, tampoco con cobertura contra daños de alto costo.
Por todo lo anterior, urge poner el tema en agenda y comenzar a desarrollar estrategias comunes cuanto antes.
