Por: Janice Seinfeld
El Comercio, 26 de mayo de 2020
Resolver la histórica falta de medicamentos en el sistema de salud no pasa por promover una política de control de precios ni por centrarse en fiscalizar el stock disponible en farmacias y boticas, sino por abordar los serios problemas del abastecimiento público. Y, claro, garantizar las condiciones para la mayor competencia posible en el mercado de medicamentos. Esto empieza por tener una adecuada definición del indicador que queremos medir como país y que merecemos todos los peruanos: el nivel de servicio; es decir, si los pacientes efectivamente reciben las medicinas que les son recetadas. Es ahí donde hay que poner la mirada y no en la disponibilidad de medicamentos en los hospitales, que hoy se evalúa mal y tardíamente.
La semana pasada, el Gobierno oficializó la normativa que obliga a las farmacias y boticas públicas y privadas del país a transparentar información sobre su inventario disponible y los precios de venta de los medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19. Deberán publicarla en el Observatorio de Medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Está muy bien tener mayor transparencia de la información. Aplausos allí. Pero falta más.
El Estado Peruano es el gran asegurador de la población a través del Seguro Integral de Salud (SIS) y de Essalud. En consecuencia, es el responsable de que las personas accedan a medicamentos. Hasta el año pasado, el SIS sumaba 17 millones de afiliados. Pero, con el decreto de urgencia que estableció medidas para la cobertura universal en salud, toda persona sin seguro pasó a estar adscrita al SIS, que ahora tiene alrededor de 22 millones de afiliados. Y Essalud atiende a 11 millones más. Sin embargo, en el decreto de urgencia no se establece cómo hacer para que el ciudadano reciba el medicamento. Eso es lo que necesitamos y debemos medir.
El Estado debe utilizar las herramientas a su disposición para mejorar el abastecimiento de medicamentos. Tiene recursos y capacidad de provisión desde la droguería del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que le permite importar medicamentos, encargar su fabricación –de ser necesario– y salir al mercado internacional a conseguir lo que falte. Pero, a la par, debe aplicar estrategias efectivas y rápidas para gestionar la distribución. Miremos a Essalud. Tiene una experiencia que está funcionando y se puede imitar. Gracias a una asociación público-privada, cuenta con un operador logístico en Lima y el Callao que articula la información de la prestación –qué receta el médico– con lo que efectivamente recibe el paciente. Así, es capaz de determinar cuál es la demanda real de medicamentos y de identificar problemas en la cadena de suministro que impiden que el paciente los reciba, para corregirlos con la agilidad debida.
La Digemid es un actor clave y, para sumar esfuerzos, debe ser muy diligente con los trámites de las autorizaciones sanitarias. Es prioritario tener una ruta rápida para los medicamentos de escasa oferta en el país, como los antivirales, antibióticos y antiparasitarios, imprescindibles para enfrentar la pandemia. Y ya hemos esperado suficiente para la digitalización y mayor transparencia en esta institución. Es ahora, señores, cuando necesitamos este cambio.
Es correcto e indispensable fiscalizar al privado, pero el Estado no puede desentenderse de una labor a su cargo. Las boticas, farmacias y cadenas tendrían que ser sus aliadas para suministrar medicamentos que el paciente no encuentre en el hospital donde ha sido atendido. Y para eso precisamos de acuerdos y que el Estado use la información –que debe ser pública– para la toma de decisiones transparentes.
En esa línea, celebramos que el Ministerio de Salud haya, finalmente, liberado la data sobre los casos positivos de COVID-19. Para enfrentar esta emergencia sanitaria requerimos usar todas las capacidades públicas y privadas. Y eso solo será posible analizando la evidencia disponible para elaborar modelos y plantear estrategias.
