Por Jaime Yoshiyama, Ex Secretario General De Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular)
El Comercio, 05 de abril de 2018
El Caso Lava Jato en el Perú ha traído consigo la investigación de dos tipos de hechos.
El primero son las coimas que habrían sido pagadas a presidentes de la República, ministros, alcaldes y otros funcionarios. El segundo son las donaciones supuestamente entregadas a los partidos políticos en campaña electoral.
La salud moral del país exige que las investigaciones se realicen hasta que se esclarezca toda la verdad. Empero, la investigación debería ser igual para todos.
Lamentablemente, hoy en día no todos los hechos vinculados al Caso Lava Jato se investigan con la misma diligencia. La fiscalía está poniendo un mayor énfasis en las donaciones a un partido político en particular. Los casos de coimas recibidas por ex funcionarios, en cambio, parecen avanzar lentamente.
Así, los fiscales parecen no tener una misma vara para medir sus investigaciones. Muestran un rostro considerado para unos y una faz autoritaria para otros. Seré franco, me siento dentro del segundo grupo.
No creo que se haya procedido de manera correcta y prudente con Augusto Bedoya ni conmigo. En este marco, y a través de filtraciones interesadas, se ha tratado de crear una atmósfera sensacionalista para destruir mi honor y buena reputación.
Como se recordará, en la década de 1990 fui tres veces ministro y presidente del Congreso de la República durante tres años consecutivos, sin que me manchara una sola acusación de corrupción. Nunca pisé un juzgado anticorrupción. Mi foja de servicios al país se ha mantenido limpia porque mi conducta siempre ha sido pulcra e intachable.
En 1992, mientras me desempeñaba como ministro de Energía y Minas, lideré el equipo que logró el salvataje de las empresas públicas que perdían unos US$4.250 millones al año. Pero, más importante aun, logramos captar inmensos capitales privados para estas empresas.
Por ejemplo, la telefonía se modernizó totalmente. En 1992 solo el 2% de la población poseía un teléfono y se tenía que hacer una cola de nueve años para poder adquirir uno. Hoy en día hemos todos podemos tener un teléfono, pues la cola ha desaparecido por completo.
Eso mismo hicimos con las empresas eléctricas, mineras, refinerías y otras. Se produjo así la más grande inversión del siglo XX en el Perú.
Todas las licitaciones de obras y entregas de buena pro se hicieron en forma transparente e intachable. Nadie se atrevió a formular una investigación y menos acusación penal contra mí. Como dijo el poeta José Martí: “Mi vida se defiende”.
Sobre las declaraciones de Jorge Barata, él mismo acepta que no me dio donación alguna en una supuesta reunión. Afirma que una tercera persona recibió el dinero que dice haber entregado.
Según su versión, entregó el dinero a una persona que no recuerda, de “tal vez unos 50 años” y que “se veía como empresario, [con] buena apariencia”, pero no sabe “exactamente quién era”. Con esta versión sin corroborar, el fiscal se apresuró a allanar mi vivienda.
No pido que se archive mi caso, sino exijo que se respeten mis derechos. Sigo siendo el primero en pedir que se me investigue hasta que se encuentre la verdad. Si fiscales y jueces respetan rigurosamente el debido proceso, se comprobará mi inocencia.
