Por: Jaime Pinto, abogado experto en hidrocarburos
El Comercio, 13 de febrero de 2020
El Comercio, 13 de febrero de 2020
El 30 de junio del 2014 se adjudicó el proyecto gasoducto sur peruano (GSP) a un costo de US$7.328 millones. Este proyecto representaría la obra de infraestructura más importante jamás construida en el Perú. Ello no solo por la extensión del ducto de gas (1.080 km) y el hecho que se construiría mayormente en la selva, sino porque el Estado asumió una serie de compromisos para justificarla y reducir el riesgo a los inversionistas privados. Hoy debemos evaluar detenidamente su conveniencia. Nadie puede estar en contra de llevar bienestar al sur del país a través del gas. Pero ello deber ser hecho privilegiando el interés público y no favoreciendo el interés privado. Conviene recordar que la empresa Suez había originalmente propuesto llevar gas al sur por la costa, con mínima intervención en la selva.
De cara a su anunciada próxima licitación, hay tres temas que deben ser examinados.
El primero se refiere a la oferta. ¿Existe realmente suficiente gas para justificar la inversión? El único lote que tiene precio de gas regulado es el 88. Los otros con reservas son el lote 57 (Repsol), que tiene 1,5 TCF, y el 58 (CNPC), que se afirma tiene 2 TCF pero que técnicamente resulta dudoso. Estas reservas son insuficientes para justificar la inversión.
Lo segundo: un tubo de 32 pulgadas puede transportar 1.200 MM de pies cúbicos de gas por día (pcd). Las dos plantas térmicas que se construyeron en el sur del país (Mollendo e Ilo) requerirán como máximo 450 MM pcd. Es decir, el ducto estaba siendo construido para transportar mucho más gas del que la demanda del denominado nodo energético requería. ¿Qué se va a hacer con la diferencia? Hoy es imposible que la demanda minera, industrial y residencial absorba 750 MM pcd. Además, dados los precios de la energía hoy en el mundo, es muy poco probable que se invierta en una planta petroquímica, como se pensó originalmente.
El tercer tema se refiere a la garantía dada para su construcción a través del Cargo por Afianzamiento de Seguridad Energética (CASE). Este fondo (hoy felizmente derogado) iba a financiar parte del costo de construcción del GSP. Se ha pretendido sostener que esta garantía era similar a la extendida cuando se construyó el gasoducto que trae el gas de Camisea de Cusco a Lima (City Gate), denominada GRP. Nada más alejado de la realidad.
La GRP fue un mecanismo ingenioso usado para permitir la construcción del gasoducto en una época en que no había prácticamente demanda de gas en el Perú. Como el ducto no tendría mayor uso en los años iniciales, el peaje por su uso sería elevadísimo. Entonces para suavizar la tarifa se estableció que la diferencia era pagada con cargo a la GRP. Mientras se iba generando la demanda, los usuarios eléctricos pagamos un cargo mínimo a través de nuestros recibos de luz, que luego fue ampliamente compensado cuando la electricidad bajó de precio por el gas de Camisea. Cuando el ducto fue utilizado a su máxima capacidad, se dejó de aplicar la GRP. Así los peruanos pagamos en total US$400 millones en nuestros recibos de luz, cuando el ahorro generado por el uso del gas de Camisea representó US$6.000 millones.
Esto no ocurriría con el CASE. Solo habrá un incremento del precio de la electricidad. Hoy que se conoce la estrecha cercanía entre Jorge Barata y la ex primera dama Nadine Heredia, coordinando acciones vinculadas al entonces proyecto GSP antes de su adjudicación, es necesario evaluar detenidamente estos temas antes de lanzarnos a otra licitación. El interés público debe primar esta vez.
