Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 20 de setiembre de 2019
El Comercio, 20 de setiembre de 2019
La pregunta sigue siendo cómo evitar un irresponsable choque de poderes que descarrile a la nación por puro gusto. Lo primero es invocar al Gobierno un poco de principio de realidad. Aceptar que el pedido de adelanto de elecciones no va a ser aprobado en el Congreso y que tampoco va a poder plantear cuestión de confianza porque, como ya dictaminó el TC (Sentencia 0006-2018, Fundamento 75), el Ejecutivo solo la puede pedir a fin de conseguir respaldo “para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”, que obviamente no es el caso sino más bien lo contrario.
Razón por la cual, si, pese a todo, la plantea, el Congreso probablemente no la votará sino que la declarará improcedente y la devolverá, con lo cual no se configurará segunda negación de confianza y por lo tanto el presidente no podrá disolver el Congreso.
Por lo demás, en el supuesto negado de que el adelanto de elecciones fuere aprobado, tampoco hay tiempo para que la primera vuelta sea en abril considerando los tiempos señalados por los representantes de los organismos electorales: 3 meses para el referéndum y 6 para el proceso electoral según la ONPE (primera vuelta en mayo o junio), y 3,5 meses adicionales entre el cierre del padrón y su aprobación según Reniec (primera vuelta en setiembre u octubre).
Todo esto es absurdo. El Gobierno tiene que aceptar que su pedido es inejecutable y que le está infligiendo al país una crisis innecesaria que debe cesar de inmediato retirando el pedido de adelanto.
Lo segundo es invocarle finalidad completiva, voluntad de culminar su propia obra que puede ser muy positiva para el país si se completa: las reformas del sistema judicial y del sistema político, el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura, que contienen también reformas importantes. Y la forma de hacerlo es –y esto es lo tercero– acceder al pedido del presidente del Congreso de sentarse a definir una agenda país rumbo al bicentenario.
No lo quiere hacer porque implicaría que no hay crisis. Pero es muy fácil de armar porque la agenda ya está dada: los 6 proyectos de reforma política pendientes –indispensables para que los próximos gobiernos tengan gobernabilidad–, los 13 proyectos de ley sobre reformas económicas y laborales contenidos en el Plan Nacional de Competitividad, unos 3 o 4 más que dicho plan no se atrevió incorporar pero que el Congreso está trabajando, y leyes pendientes como la del régimen agrario y la de hidrocarburos.
Con todo eso, si el relanzado concurso de la Junta Nacional de Justicia sale bien, llegaremos en mucho mejor pie al 2021. Hay que escoger entre eso y persistir en el curso autodestructivo.
Ni siquiera hay que escoger. Lo manda el art. 29 del reglamento del Congreso que dice: “Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período…”.
Llama la atención que el presidente del Congreso no haya convocado al primer ministro para cumplir con ese mandato legal. ¿Qué espera? Es una obligación, no una opción.
