Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 9 de octubre de 2021
El presidente Castillo ha suspendido las hostilidades. Ha enviado a su casa a los ministros que estaban jugando a la revolución. Ha congelado, por el momento, el plan de cerrar el Congreso para acelerar los pasos que lleven a la instalación de una asamblea constituyente.
La última acción en ese sentido fue el lanzamiento de la segunda reforma agraria, un acto político destinado a crear un clima de movilizaciones por el cambio constitucional. Allí se habían juntado todos: Castillo, Bellido, Maraví, Bermejo, con discursos cada uno más incendiario que el otro. Bellido atacó al Congreso y amenazó con cerrarlo, y llamó a firmar los planillones para el referéndum. El propio presidente Castillo llamó a movilizarse por una nueva Constitución.
Aunque parezca una eternidad, eso ocurrió hace solo seis días. Entonces, para evaluar la naturaleza real del cambio de Gabinete, la pregunta central es si el presidente Castillo y el Gobierno han renunciado al proyecto de la asamblea constituyente. O si esto es solo “un recodo en el camino”.
Porque Perú Libre va a seguir adelante con el recojo de firmas. Ayer, Cerrón tuiteó: “Si el Partido no continúa su misión histórica de lograr el referéndum para la #AsambleaConstituyente, no habría servido de nada tanto sacrificio… ¡No renunciaremos jamás!”. Entonces, el Gobierno tiene que deslindar y canalizar su propuesta a través del Congreso, que podría formar una comisión de bases de la reforma constitucional.
Y lo que vemos es que Castillo no ha roto con Perú Libre, que mantiene tres ministerios y, entre ellos, nada menos que el del Interior, donde ha colocado al abogado defensor de Cerrón y de los dirigentes acusados de formar parte de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, y asesor de Bermejo en el intento de legalizar toda la producción de coca, que en un 90% va al narcotráfico. Eso es también una provocación al Congreso, pues lo pone nuevamente en la posición complicada de no darle la confianza a un Gabinete con un ministro tan claramente inaceptable en un régimen republicano. ¿No se está regresando por esa vía a inducir el disparo de la primera “bala de plata”? La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, debería pedirle su renuncia antes de su presentación en el Parlamento.
El problema es que ella misma también cree en la asamblea constituyente. No solo cree: el 29 de marzo de este año, hace tan solo seis meses, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional de convocatoria a referéndum para elegir a una asamblea constituyente. Suponemos que a estas alturas ya se habrá percatado para qué sirve una asamblea constituyente y a qué puede conducir. En todo caso, podría declarar que eso que planteó, modificar el art. 206 de la Constitución, es la única vía posible y no el recojo de firmas.
El hecho es que, si el Gobierno no envía señales claras en este tema, la incertidumbre permanecerá, no habrá inversión y el país se hundirá en la crisis económica y social. La mejor manera que tendría el presidente para cumplir sus promesas de igualdad social es crear las condiciones para una masiva inversión privada que genere empleo, mejore los ingresos y produzca los ingresos fiscales suficientes para que los derechos a la salud y a la educación, que sí están en la Constitución, se conviertan en servicios reformados, eficientes y de calidad para el pueblo (lo que pasa por impedir que el nuevo ministro de Educación elimine la meritocracia y las evaluaciones en el magisterio). Y también para que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tenga los recursos para mejorar los caminos y difundir tecnologías que multipliquen la productividad campesina.
Para ver eso, tendría que retirarse la venda ideológica de los ojos.
