Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de marzo del 2024
“Es decir, para los peruanos, el sistema judicial está podrido y no sirve. Al mismo tiempo, tenemos un avance de la criminalidad que no se detiene”.
Una encuesta encargada por Lampadia a Datum reveló una percepción dramáticamente negativa de la población respecto del sistema judicial, que hace insostenible su situación actual e imperativa su reforma profunda. Ante un eventual procesamiento judicial, el 86% de los peruanos se sentiría nervioso porque temería ser injustamente procesado. Eso es terrible. El 82% considera que el Poder Judicial y los jueces pocas veces (52%) y nunca (30%) resuelven las demandas judiciales de manera justa y correcta, y el 82% dice que la mayoría de los jueces (63%) y todos los jueces (19%) actúan de manera corrupta y deshonesta. En cuanto a la fiscalía, el 63% considera que es corrupta y que recibe coimas. Y el 79% considera que jueces y/o fiscales son responsables de la liberación de los delincuentes.
Es decir, para los peruanos, el sistema judicial está podrido y no sirve. Al mismo tiempo, tenemos un avance de la criminalidad que no se detiene. Entonces, una manera de empezar a resolver la crisis extrema del sistema judicial es hacerlo en y desde la acción: acordar entre poderes y con la sociedad civil una política anticriminal que comprometa a todos y particularmente a jueces y fiscales, y se ejecute por vigilancia mutua.
Es lo que han demandado las organizaciones empresariales y sindicales que, en una mesa de trabajo conjunta sin precedentes en el país, han formulado un conjunto de propuestas para combatir la delincuencia. Están pidiendo liderazgo gubernamental y trabajar conjuntamente con el Ejecutivo y el Congreso en esas definiciones.
Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, luego de su visita a El Salvador, proyecta reunirse con el Congreso, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación para consensuar precisamente una política anticriminal tomando algunas lecciones de ese país, como el cambio de las normas procesales, la depuración de la Policía, el compromiso de jueces y fiscales, programas para la población joven en situación de riesgo, y cárceles inteligentes, tal como he reseñando en un artículo reciente (https://www.lampadia.com/analisis/gobernanza/la-carcel-inteligente-de-el-salvador/).
Pero para ello se necesita otro ministro del Interior. José Luis Gil, exGEIN, ha propuesto que candidatos a ministros convocados por el Ejecutivo presenten su propuesta de estrategia anticriminal ante la Comisión de Seguridad del Congreso, y que se elija al ministro por consenso. Una idea innovadora que difícilmente prosperará, pero que sirve para medir el temperamento que existe hoy en el país: tenemos que unirnos en torno a una respuesta eficaz para combatir esta grave amenaza a la subsistencia de la nación.
Es el momento, entonces, de convocar a los distintos actores para tomar decisiones en torno a una política que permita investigar y detener a los delincuentes, no liberarlos y recluirlos en penales inteligentes con bastante mayor capacidad de albergue, junto con efectivos programas de prevención. Un medio o una base operativa para esos acuerdos y compromisos podría ser el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema Judicial, recientemente reactivado por el Gobierno, porque allí están los titulares no solo de los organismos del sistema judicial, sino también del Congreso y de Ministerio del Interior. Faltaría incorporar a la sociedad civil.
Esta es una batalla que requiere unidad de mando y acción conjunta en la que todas las instituciones tienen que cumplir eficazmente su rol. No puede haber puntos flacos. Por esa vía empezaríamos a enderezar las decisiones de fiscales y jueces a fin de que trabajen para la justicia y la sociedad, relegitimándose así de paso. La regeneración institucional podría comenzar por allí, mientras se avanza con un plan de modernización y reformas que incluyan mecanismos idóneos para designar mejores magistrados, un observatorio de las sentencias para ver si se ajustan a la jurisprudencia como medio para detectar corrupción, y una Corte Suprema dedicada a establecer precisamente líneas jurisprudenciales.
