Por supuesto que la COP 20, que es muy importante para la humanidad, no deja de estar animada por una corriente que piensa que el capitalismo es la causa del calentamiento global y que la salida pasa por cambiar el “modelo” de desarrollo. El propio presidente Humala se dejó llevar por esa corriente cuando le enrostró al “consumismo desenfrenado” la razón del cambio climático.
Pero la verdad es que si queremos detener la devastación de los bosques y la contaminación del agua, lo primero que tenemos que hacer es consolidar la esencia misma del sistema capitalista: los derechos de propiedad. Allí donde tengamos un propietario seguro y con todas las atribuciones que le da ese derecho, ese propietario cuidará su recurso porque de él depende para vivir y crecer. Pero en el Plan de Cambio Climático (Plan CC) no hay Propiedad contra el cambio climático mención alguna a la necesidad de titular a las comunidades nativas y a la gran cantidad de posesionarios de las tierras deforestadas que deberían transformarse en plantaciones forestales para recuperar carbono.
Como se sabe, uno de los grandes compromisos del Perú para el acuerdo de París ha de ser deforestación neta cero o balance neutro de carbono vegetal para el 2021, lo que significa que la deforestación que todavía haya ese año sea compensada con plantaciones forestales que capturen carbono y de paso permitan producir y exportar productos derivados de la madera, algo en lo que tenemos enorme potencial absurdamente desaprovechado. Enrique Toledo calcula que para alcanzar esa meta debemos plantar 100.000 hectáreas por año, pues la tasa actual de deforestación es de 130.000 hectáreas anuales, responsables del 41% de la emisión de gases de efecto invernadero del Perú. Lo increíble es que en el mencionado Plan CC, se habla de solo medio millón de hectáreas adicionales a través de proyectos de reforestación.
Para que los inversionistas se animen a instalar plantaciones –una inversión de largo plazo– se requiere derechos de propiedad muy claros. El Gobierno ha promulgado un decreto supremo que otorga a las plantaciones en terrenos privados las mismas condiciones de la ley de promoción agraria: serán tratadas como cultivos, no como bosques. Un avance. Pero de los 9 millones de hectáreas deforestadas, se calcula que solo alrededor de un 18% son terrenos privados titulados. El resto está en manos de posesionarios sin título y en menor medida del Estado y de comunidades nativas. Se necesita un gran programa de titulación y convertir ese decreto supremo en ley.
Más decisiones y menos palabras: titular de verdad a las comunidades nativas, dándoles la propiedad efectiva de sus territorios y no solo la cesión en uso, como es ahora. Y fortalecer las concesiones forestales, revirtiendo las que carezcan de capital y tecnología suficientes. Los mejores defensores del bosque contra la deforestación y la tala ilegal serán comunidades nativas y concesiones forestales empresarialmente consolidadas.
Propiedad efectiva y empresa formal son las armas estratégicas contra el cambio climático. Lo mismo en la minería: formalizar como empresas a los informales. Y dar derechos de propiedad en el agua, para cuidarla y multiplicarla. Y en la pesca. En todo.
