Jaime de Althaus
El Comercio, 5 de julio del 2025
“Por primera vez está en marcha una estrategia bien pensada para depurar el Reinfo y luego formalizar a los 31 mil que no fueron excluidos”.
El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ha roto la inercia de más de una década y ha tomado la decisión de excluir del Reinfo a 50 mil inscritos, de los cuales la mayor parte ya llevaba más de cuatro años en calidad de suspendidos y en muchos casos eran el vehículo para la salida de oro ilegal. Esto, luego de cumplirse el plazo de 45 días para que regularicen sus papeles.
Es el primer golpe fuerte que se da a la minería ilegal y por eso esta vez sí hay que felicitar al Gobierno y exigirle que no ceda a la presión de CONFEMIN que ya se movilizó con fuerza para doblegar al Gobierno y al Congreso y que den marcha atrás. Sin duda, se vienen días complicados, pero ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden ceder. Si lo hacen, se pierde toda esperanza de ordenar este complejo tema y avanzar hacia una minería pequeña y artesanal formalizada e integrada al sistema legal.
Debe considerarse que, aunque parezca mentira, por primera vez está en marcha una estrategia bien pensada para depurar el Reinfo y luego formalizar a los 31 mil que no fueron excluidos.
El Gobierno ganaría una cabeza de playa importante en esta batalla si lograra formalizar rápidamente, en un mes, a los primeros 3 mil que tienen sus instrumentos avanzados. El problema es que los gobiernos regionales, desacatando la ley (está de moda), no entregan los expedientes de formalización. Deberían ser denunciados. Mientras tanto, trabajar con la información disponible en el Minem. El objetivo es formalizar a los 31 mil antes de fin de año, pero para eso se requiere un cambio legal que debería salir en la ley MAPE –que es otra batalla, para que salga bien– o por ley específica. Es ahora o nunca.
Porque, mientras tanto, se afina la estrategia contra la minería ilegal. La depuración mencionada del Reinfo es el primer paso, pues debe disminuir apreciablemente el flujo de oro ilegal. Pero hay que controlar. Y la clave está en fiscalizar e intervenir los eslabones neurálgicos de la cadena de valor (explosivos, combustible y plantas de procesamiento). Para el 15 de julio debería estar ya listo el sistema interoperable para la trazabilidad, donde todos los agentes deberán registrar en un aplicativo llamado Kori todos sus movimientos, desde el origen de la producción hasta la planta procesadora. Esos flujos, la titularidad y los datos de ubicación y volúmenes serán verificados en los puestos de control reforzados y multisectoriales, donde hay personal de Sunat, SUCAMEC, Minem, etc., y en las propias plantas de procesamiento, vía la Sunat.
Pataz es el laboratorio. Según el ministro Montero, lo que allí se aprenda se replicará pronto en Apurímac, Arequipa y Cajamarca. Y en Puno y Madre de Dios, pero con otro modelo de intervención.
Se trata de civilizar la fiebre del oro e incorporar a los mineros al orden legal. La opinión pública y los medios deben estar vigilantes porque en este proceso se juega el futuro de la propia minería y la consolidación del estado de derecho y de la integración nacional. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
