Fue interesante el contraste entre las conferencias del ex director general de la policía colombiana Óscar Naranjo, el hombre que reformó la policía colombiana, y el ministro Daniel Urresti, en CADE: académica y conceptual la primera, enumerativa de acciones y estrategias concretas matizadas con expresiones sarcásticas, la segunda.
Se movieron en distintos niveles. Naranjo apuntó a caracterizar la situación de delincuencia en América Latina y a derivar de ella el tipo de estrategia necesaria. Hizo notar que América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo, pese al crecimiento acelerado de la última década, de donde dedujo que el desarrollo de la delincuencia no se origina en la pobreza sino, más bien, en la informalidad. Explicó que la expansión acelerada de las “economías criminales” (narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, etc.) fue posible gracias a que, creyendo que la criminalidad se asociaba a la pobreza, los gobiernos invirtieron más en programas sociales que en seguridad y, sobre todo, gracias al tamaño de la economía informal, que es el terreno que aprovechan y en el que crecen dichas “economías criminales”.
Es interesante que Naranjo haya apuntado claramente a la formalización de la economía como la clave para eliminar las “economías criminales”. Pues no basta –dijo– con incautar los productos o capturar a las bandas. Hace falta secar el agua que les permite existir. Y para eso hay que formalizar la economía y la sociedad, que no es otra cosa que incorporarla a la ley, al Estado legal. De manera muy inteligente señaló que la llave para eliminar las economías informales había sido presentada en el panel anterior cuando Carolina Trivelli expuso los avances en uno de los compromisos del sector privado del año pasado: la creación del “dinero electrónico” para incorporar a la circulación formal y bancaria a 5 millones de peruanos en los próximos años.
La tesis de Naranjo puede ser el elemento galvanizador que faltaba para que, de una vez por todas, el gobierno y los políticos peruanos ataquen el problema de una formalidad laboral, tributaria y regulatoria excluyente que mantiene al 70% de los peruanos en la mayor exclusión de todas que es la legal. La sistemática elusión de ese tema es ya un síntoma de cobardía política inexcusable. Hasta ahora se reclamaba esas reformas desde la necesidad de la inclusión legal y para hacer posible el crecimiento de los sectores marginados. Que sean indispensables también para combatir la criminalidad, no hace sino volverlas aun más urgentes.
El ministro Urresti se ha percatado intuitivamente de la importancia de la formalización, como en el caso de la lucha contra la minería ilegal. Lo que él presentó fue un conjunto de estrategias que ya se han puesto en marcha para reducir la delincuencia común (ternas, recuperación de espacios públicos, integración de comisarías, etc.) y para atacar mafias específicas como las de construcción civil, extorsiones, narcotráfico, etc., con énfasis en la reconstrucción de la capacidad de investigación e inteligencia de la policía. No cabe duda que ha mapeado bien el problema y aplica estrategias ad hoc, pero tiene que aprender a moderarse.
