La gran tarea de los próximos años será la batalla por la institucionalidad, por el imperio de la ley, por incorporar al país entero en un orden legal inclusivo y a la vez riguroso.
La descomposición del sistema de partidos y una descentralización precipitada, botarate y sin controles institucionales han fomentado el avance incontenible de las mafias de toda calaña, que asaltan los poderes locales para apropiarse del botín presupuestal y favorecer el reinado de la minería y la tala ilegales, el narcotráfico, el contrabando, los sindicatos de construcción civil y otras enfermedades. Los gobiernos subnacionales al servicio del delito.
Al mismo tiempo, leyes laborales, tributarias y sobreregulaciones de todo tipo expulsan a los peruanos a la informalidad o la ilegalidad. La ley no impera en el Perú en parte porque ella es costosa o inaplicable, y en parte porque el sistema institucional está mal diseñado o es débil y favorece en lugar de castigar la ilegalidad. La institucionalidad vigente expulsa a la ilegalidad y no la castiga.
La gran reforma, entonces, consiste en crear un ambiente legal sencillo, inclusivo, acogedor, y un diseño institucional que organice el país, lo ordene y castigue la ilegalidad. En atraer a los peruanos al sistema legal y castigar a los que quedan fuera. Flexibilizar para incorporar, y endurecer para los reacios.
Un ambiente legal inclusivo, acogedor, que permita a las clases emergentes aprovechar las palancas de la formalidad para seguir creciendo en lugar de desbordarse a la ilegalidad, supone tres reformas: laboral, tributaria y desregulatoria. Estas son clave porque crean ciudadanos contribuyentes y responsables dentro de un sistema de obligaciones (ayni) nacional, ya no solo familiar, amical o comunal. Quien paga impuestos es menos tolerante con la corrupción y exigirá mejores servicios. Por eso, una cuarta reforma fundamental es que los gobiernos locales recauden sus propios ingresos (predial) y los regionales reciban parte del impuesto a la renta generado en la región. Así darán cara a contribuyentes fiscalizadores.
Pero ciudadanos contribuyentes exigen mejores servicios públicos y cero corrupción. Eso demanda una quinta reforma: una administración profesional y meritocrática (servicio civil) en todo el Estado. Y una sexta: reorganizar la descentralización, redistribuyendo las competencias de una manera más eficiente entre los tres niveles y fortaleciendo el carácter unitario del Estado devolviéndole al gobierno nacional capacidad de control, intervención y sanción. El botín tiene que dejar de ser un botín.
Pero eso, contener la feudalización mafiosa y recuperar control político nacional, pide a su vez una sétima reforma: la política, para que solo se pueda acceder al poder nacional, regional o local por medio de unos pocos partidos mejor implantados en el territorio –un sistema de partidos- o por medio de movimientos regionales verdaderamente tales.
Pero no basta con hacer menos asaltables los gobiernos subnacionales: hay que descubrir y castigar a los asaltantes, a las mafias. Para eso son indispensables las reformas del sistema de justicia y de la investigación policial.
Todas estas nueve reformas están concatenadas. Ejecutar solo una o dos no funcionará. El gobierno debería convocar a los mejores para diseñarlas y dirigirlas.
