El Comercio, 31 de Marzo de 2017
El lado positivo de esta tragedia es que obligará al país a dar respuesta a sus retos geográficos y climáticos con soluciones permanentes que nos pongan en otro piso civilizatorio. Pues no se trata solo de construir bien los puentes, las carreteras y los establecimientos dañados, o instalar drenaje pluvial en las ciudades, o ejecutar un plan nacional de encauzamiento de ríos, defensas ribereñas, control de huaicos y acondicionamiento de cuencas, sino de reconstruir la institucionalidad del país.
En efecto, para ejecutar este plan, por ejemplo, se tendrá que retirar de las zonas de riesgo a más de 100 mil familias y reubicarlas en ciudades satélite bien diseñadas. Pero si no queremos que la gente vuelva a invadir las áreas inundables, es indispensable acabar con los traficantes y usurpadores de tierras y sus conexiones con policías, fiscales, jueces y alcaldes, lo que exige avanzar seriamente con la depuración de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial y limpiar esos distritos judiciales infestados de corrupción, donde fiscales y jueces se enriquecen validando usurpaciones e invasiones, eventualmente en combinación con alcaldes corruptos que extienden las habilitaciones.
Es decir, acabar con la ley de la selva. Habría que preguntarles a Duberlí Rodríguez y a Pablo Sánchez cómo piensan hacerlo. Quizá encargarle a una unidad de élite de la policía que investigue corte por corte. Y activar de verdad los comités provinciales de seguridad ciudadana para que por fiscalización mutua las distintas dependencias se obliguen a erradicar las mafias. Se necesita el liderazgo del ministro del Interior.
Se ha planteado un proyecto de ley para castigar penalmente a los alcaldes que habiliten invasiones en zonas de riesgo. Pero debemos aprovechar para poner fin para siempre al crecimiento de las ciudades por invasiones en general, lo que supone asegurar bajo responsabilidad que los planes urbanos existan y funcionen.
Para eso habría que empoderar al Ministerio de Vivienda, pero también profesionalizar la administración de los gobiernos subnacionales infundiéndoles la ley de servicio civil para reemplazar el patrimonialismo y el clientelismo por la meritocracia. Y procurar que las autoridades locales pertenezcan a partidos políticos con presencia en el Congreso para que estén conectadas con instancias políticas nacionales y sean responsables ante ellas. La reconstrucción es también la reconstrucción del sistema de partidos.
Porque nada se podrá hacer si no recuperamos la autoridad central, comenzando por redefinir las competencias entre niveles de gobierno en aquellas líneas o funciones que han fallado: carreteras y puentes, planeamiento urbano, gestión del agua potable, defensas ribereñas, manejo de cuencas, titulación de la propiedad; asignándole a cada nivel lo que mejor puede hacer en la cadena de valor del servicio pero restableciendo la capacidad de rectoría, gestión y control del Gobierno Central y recertificando a los gobiernos subnacionales en lo que les toque hacer. Es decir, la reforma de la descentralización.
Será la construcción de un nuevo país.
