Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 15 de junio de 2018
Es cierto que el gobierno de Humala usó la publicidad estatal para financiar ataques a opositores políticos y que muchos gobiernos regionales y locales compran por esa vía periodistas y medios, pero eso no justifica la barbaridad de una ley que prohíbe la publicidad en los medios privados, algo que no existe en ninguna parte del mundo. Lo que hemos visto es una represalia contra esos excesos pero también contra las legítimas investigaciones periodísticas sobre los actos de corrupción de los políticos. En ese sentido, la ley entraña una severa represión a la libertad de expresión en tanto libertad de investigación de los actos públicos. Y a la libertad de prensa en general, en tanto recorta ingresos. Es inaceptable en una democracia.
No solo eso. En una democracia y un Estado débiles, socavados no solo por actos propios sino por la tendencia natural de los medios –y más aún de las redes sociales– al escándalo, la confrontación y la hipercrítica, la única manera que tiene el Estado de contrarrestar esa fuerza corrosiva es la posibilidad de desarrollar campañas estatales motivadoras con mensajes constructivos, integradores y transformacionales para, por ejemplo, reducir la anemia, animar la denuncia de actos de abuso sexual, desarrollar valores de respeto cívico y cambiar conductas en diversos frentes, motivar una sana competencia entre los colegios y profesores por una mejora de la calidad educativa, impulsar una corriente masiva de denuncias de actos de corrupción, promover reformas importantes que requieren respaldo social tales como el impulso a la meritocracia, una legalidad laboral inclusiva o una reforma del sistema judicial y policial.
Es lo único que puede contrapesar la propensión mediática y de las redes a la pelea, a la exageración de lo negativo, a la política como espectáculo. Lo irónico es que el autor de la iniciativa, Mauricio Mulder, es uno de los mayores beneficiarios de la exacerbación de los medios como escenarios del espectáculo de las invectivas y las confrontaciones.
Si el gobierno se propusiera hacer cambios de verdad y alcanzar metas ambiciosas que desarrollen e institucionalicen el país, no podría hacerlo sin una estrategia eficiente de comunicación. Mutilar eso es mutilar la capacidad transformadora del Estado.
Y es debilitar aún más a los medios serios, que ya sufren una depredación de ingresos ocasionada por el vuelco de parte de la publicidad a las redes. En España se han perdido 15 mil empleos de periodistas en los últimos 10 años. Así en todas partes. El problema es que esto entraña la degradación de la verdad. Porque el periodismo serio contrasta y verifica sus informaciones. Las redes inventan. Son el teatro de la posverdad, de la mentira a secas.
A su vez, la caída de los ingresos publicitarios agrava la desesperación por el ráting. Se invita a los más grandilocuentes, agresivos o demagogos para levantar la audiencia y captar más publicidad. Los políticos entonces agudizan ese perfil para ser invitados. Un círculo vicioso que agrava la degradación de la política y la identificación de la democracia con desorden y corrupción, alimentando la demanda por una respuesta autoritaria. Eso es lo que están haciendo.
