Comentario de Lampadia:
J. de Althaus: La descentralización nos descuartizó
En el siguiente artículo publicado en El Comercio, Jaime de Althaus, reflexiona sobre el caos interno que está generando la precipitada descentralización política impulsada desde comienzos de la década pasada. De Althaus enfatiza: “La descentralización ha entregado casi todas las competencias sectoriales y el 70% de los recursos de inversión a los gobiernos subnacionales, pero no ha establecido mecanismos de control político y administrativo para los casos de incapacidad de gestión o desobediencia a las normas nacionales”.Es por ello, que el Gobierno Central se ve neutralizado ante decisiones contrarias a los intereses nacionales tomadaspor los Presidentes Regionales. Un claro ejemplo ha sido la paralización de Conga impulsada por Gregorio Santos, quien movilizado por su propia agenda política basada en un discurso anti-minero, logró poner en jaque al Gobierno Nacional. La descentralización política ha creado “feudos” independientes donde la incompetencia o corrupción no puede ser intervenida y la Constitución no se respeta. En resumen, la descentralización política descuartizó al Perú.
Recordemos que el Presidente de la República, en su último mensaje a la Nación, señaló que se requiere plantear un debate nacional sobre la efectividad del actual proceso de descentralización. En Lampadia estamos de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo un gran debate que permita mejorar el proceso actual (ver: Por una descentralización más efectiva).
Artículo original:
La desintegración
Por: Jaime de Althaus
(El Comercio, 04 de abril de 2014)
La única intervención que puede llevar a cabo el Gobierno Central en un gobierno regional o local rebelde, incompetente o mafioso es lo que acaba de hacer en Áncash: congelar temporalmente las cuentas. Pero esa ni siquiera es una intervención: el Ministerio de Economía paraliza las cuentas, pero no puede entrar a administrarlas. El único efecto es que la ejecución de las obras se detiene, con los consiguientes costos.
Claro, en Áncash quienes tienen que intervenir en realidad, sacudiéndose del yugo del gobierno regional, son el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y la contraloría. Se trata de desmontar el poder mafioso regional y esclarecer los asesinatos políticos.
Pero cuando una autoridad subnacional desobedece abiertamente disposiciones del Gobierno Nacional y, además, alienta movilizaciones contra ellas, como fue y sigue siendo el caso de Gregorio Santos en Cajamarca, violando el artículo 43 de la Constitución que establece que el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, pues no hay manera de sancionarla, inhabilitarla o suspenderla, ni puede el Gobierno Nacional intervenir el gobierno en cuestión para asegurar la aplicación de la ley. Y si tampoco hay liderazgo presidencial, como no lo hay, el Estado queda inerme y el país debe resignarse a perder ingentes recursos que necesita para su desarrollo sin poder hacer nada.
Cuando un gobierno regional no colabora –por resistencia, incompetencia o corrupción– en la ejecución de políticas nacionales estratégicas, como la lucha contra la minería ilegal o el narcotráfico, el control de la minería y la pesca medianas, pequeñas y artesanales, la aplicación de la carrera magisterial, la lucha contra la desnutrición infantil, entre otras, el Gobierno Central no puede intervenir para sustituirse a la autoridad subnacional en la ejecución de esas tareas.
La descentralización ha entregado casi todas las competencias sectoriales y el 70% de los recursos de inversión a los gobiernos subnacionales, pero no ha establecido mecanismos de control político y administrativo para los casos de incapacidad de gestión o desobediencia a las normas nacionales. Con el crecimiento de los ingresos fiscales, muchos de esos gobiernos se han convertido en botines presupuestales sin control nacional y, peor aún, sin control local –porque no recaudan y tampoco forman ciudadanos contribuyentes fiscalizadores sino masas clientelizables–. Ello fomenta la multiplicación de liderazgos oportunistas o radicales y la desintegración de los partidos nacionales. La entropía en un país que todavía tiene que integrarse.
El Perú pasó del control férreo y personalista del poder en los noventa, a la descentralización precipitada y sin partidos en los 2000. Hemos pasado de un extremo a otro, y sería recomendable buscar un punto medio antes de que terminemos regresando al extremo autoritario.
Hay gobiernos regionales o locales que han producido resultados interesantes en educación, y en otros temas. Esas experiencias hay que premiarlas y difundirlas. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando quienes se imponen son las fuerzas disgregadoras o deletéreas, al Gobierno Nacional no le queda más que sentarse a contemplar el espectáculo de la anarquía.
Publicado en El Comercio, 04 de abril de 2014.
