Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 25 de setiembre de 2021
No se puede invitar a los grandes inversionistas a invertir en el Perú, como hizo el presidente Castillo en Estados Unidos, y al mismo tiempo ofrecer un terremoto como escenario para la inversión, como hizo cuando en la CELAC y en la ONU mencionó la necesidad de una nueva Constitución. Hay hasta tres explicaciones para esa contradicción: o invita a los grandes inversionistas de la boca para afuera para justificar el viaje, está chantajeado por Cerrón con algo que no conocemos o no se decide por cuál de las dos líneas optar. Alonso Cueto ha propuesto la hipótesis del síndrome de Zelig. Entonces, cuando está con los empresarios, los invita a venir, pero cuando está en un auditorio político, anuncia un nuevo contrato social.
Los empresarios peruanos que viajaron a Washington salieron convencidos de que el presidente quiere la inversión porque no escucharon su discurso en la CELAC y en la ONU. Lo cierto es que esa indefinición se expresa también en las designaciones. No es posible que el primer ministro Bellido le señale la puerta de salida del Gabinete al canciller Óscar Maúrtua, y luego no salga ninguno de los dos. Lo mismo con el neosenderista Iber Maraví. El presidente no dirime, no decide, no dirige. Se pelean delante de él, como si no existiera. Según Sudaca, ha cedido ante Cerrón y ha postergado cualquier decisión hasta el 5 de noviembre.
Entonces, o es un presidente incapacitado para decidir o estamos ante una peligrosa estrategia de distracción. Mantiene en el Gobierno, juntas y peleándose entre ellas, a las dos líneas radicales (la neosenderista y la castrista) y a la relativamente más moderada que encarna Pedro Francke, quien ha descubierto que en los últimos 25 años el Perú fue el país que más creció en América Latina, pero lo que no ha funcionado es el Estado por su ineficiencia y corrupción (Perumin).
Francke está diciendo en buena cuenta que el problema no es la Constitución, que ha permitido gran crecimiento y menos pobreza, sino el Estado, que no ha cumplido con aprovechar los recursos para reducir desigualdades. Francke tendría que exigir un debate interno y una definición en el Gobierno en torno a esto no solo por el bien del Perú, sino porque, de lo contrario, su programa económico fracasará. No logrará cerrar el déficit fiscal y arruinará el crédito externo. Menos aún conseguirá incrementar la presión tributaria como pretende.
Pues él mismo cae en el juego cuando en lugar de eliminar la incertidumbre reparte bonos para paliarla, acaso apostando a que generará una base social agradecida predispuesta a apoyar lo que se le pida. Porque lo cierto es que el Gobierno y Perú Libre están embarcados en una acelerada recolección de firmas para una asamblea constituyente. Ese es el único sentido de las decisiones que se adoptan, desde los bonos hasta la anunciada descentralización de la publicidad estatal a las radios de provincias, pasando por el subsidio al gas y la comisión para la segunda reforma agraria. La propia ministra Boluarte (Midis) promovió la recolección de firmas al lanzar los bonos, y en municipalidades andinas se les estaría diciendo a los alcaldes que no recibirán transferencias si no recogen firmas.
Quizá por eso Cerrón quiere tiempo hasta, cuando menos, el 5 de noviembre. Dinamitar el sistema desde el Gobierno puede brindarle satisfacción tanática. Pero jugar a la revolución con los recursos de todos los peruanos y delante de nuestras narices, y mantener a ministros filosenderistas, es intolerable.
El Congreso tiene que actuar comenzando por censurar al ministro Maraví. El Ejecutivo no podría hacer cuestión de confianza por un representante del Movadef porque se expone a la vacancia, que se caerá de madura si las cosas siguen como están.
