Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 3 de agosto de 2018
Podríamos estar en un momento fundacional del imperio de la ley en el Perú. Si se concretara, lo que tendríamos es un verdadero cambio de era, el más importante de los últimos 200 años. Sería bueno pensarlo así, aunque suene iluso o hiperbólico, para tomar conciencia de su importancia y tratar de lograrlo.
Es, para usar una expresión desgastada, un cambio estructural. Pasar de organizaciones –Poder Judicial, fiscalía, policía, gobiernos subnacionales, etc.– neopatrimonialistas (que se manejan como si fueran de propiedad de la autoridad), gestionadas por redes de amistad o de parentesco que eventualmente se convierten en redes ilícitas, a entidades basadas en la meritocracia, la evaluación del desempeño y del cumplimiento de metas. De entidades públicas centradas en intereses propios a entidades centradas en el interés común. Pasar a sentencias, contratos, licencias o puestos burocráticos otorgados como resultado no del intercambio de favores o, más grave aun, de la venta de las decisiones o la razón delictiva, sino del mérito, de la aplicación de la ley o de la razón técnica.
O sea, pasar del “hermano del alma” al nombre propio; de la sociedad tradicional a la moderna. Sería fundar por fin el Estado profesional, meritocrático, weberiano. Por eso acierta tanto el presidente cuando postula un Consejo Nacional de la Magistratura elegido por concurso público de méritos. Y acierta doblemente cuando propone aprobarlo por referéndum, porque al final el tránsito de la familia o la amistad al mérito es un cambio cultural. Hay que interiorizarlo.
Pero de los temas de reforma política planteados para referéndum, solo uno ayuda en este sentido: el retorno a la bicameralidad, en tanto sirve para limitar el poder arbitrario que puede tener una sola cámara para otorgar favores mercantilistas o crear privilegios o cometer abusos legislativos; es decir, para que los congresistas no se comporten como dueños del Estado (neopatrimonialismo), sino como servidores públicos.
En cambio, la no reelección de los congresistas atenta contra el principio meritocrático. Si un congresista me representa bien, debería poder reelegirlo. La no reelección recorta mi derecho a hacerlo, y eso no es democrático. Lo mismo con alcaldes y gobernadores.
Ello funcionaría mejor aun en distritos uninominales o binominales, donde yo sé quién es mi congresista, me relaciono con él, veo si trabaja bien o no y en función de eso lo reelijo o no. Eso es mucho mejor que el voto preferencial, que destruye a los partidos y atomiza las bancadas. Entonces, para ser coherentes, debería consultarse en el referéndum sustituir el voto preferencial por distritos uninominales o binominales. Es mucho más constructivo. Todavía estamos a tiempo. Una buena conversación entre Ejecutivo y Legislativo podría lograrlo.
El problema es que ya se lanzó el caramelo de la no reelección de congresistas, que es muy popular. Allí Vizcarra no ha sido estadista, sino irresponsablemente populista. Consigue el aplauso, pero a costa de hacer imposible consolidar alguna vez una clase política profesional, conocedora del Estado. Habrá que comenzar de cero cada vez. No avanzaríamos.
El presidente tendría que anunciar que en eso se equivocó.
