Iván Arenas
Perú21, 6 de junio del 2025
«El proyecto, elaborado por el actual presidente de la comisión, el zurdo Paul Gutiérrez, y sus asesores, es tan malo técnicamente que incluso es rechazado por un sector de la izquierda ambientalista».
En la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República se discute una proyecto de ley para la minería artesanal y de pequeña escala (Ley MAPE) que, de aprobarse (tanto por la comisión como por el Pleno), sería un dardo mortal para la minería en general.
El proyecto, elaborado por el actual presidente de la comisión, el zurdo Paul Gutiérrez, y sus asesores, es tan malo técnicamente que incluso es rechazado por un sector de la izquierda ambientalista. De alguna u otra manera, este proyecto de ley ha permitido, además, que la izquierda se fracture en dos sectores al parecer irreconciliables: una izquierda ambientalista que se opone al proyecto y una izquierda rentista que ve en los informales e ilegales votos y prebendas y, por tanto, se dispone a defender este proyecto.
Pero, ¿por qué decimos que el proyecto de ley es malo o que de aprobarse sería una bofetada para las inversiones mineras? Por varias razones.
El proyecto reconceptualiza el término de “minero informal” al que ahora califican como “aquel que no ha iniciado ningún procedimiento de formalización”; eso es absolutamente falso. Se supone que el minero informal es el minero que está dentro de un proceso de formalización cuya herramienta es el Reinfo; que está en proceso y no que está afuera. De aprobarse la ley, lo que se estaría haciendo es, en la práctica, “abrir” el Reinfo.
Asimismo, aporta un nuevo concepto de minería ilegal, definiéndola como aquella que se realiza sin la autorización del Estado. Eso es absolutamente falso también porque el Estado no podría autorizar jamás una actividad que es ilegal.
Además, trae un nuevo concepto de mineros tradicionales o mineros ancestrales con lo que en realidad lo que se pretende es legitimar las concesiones invadidas con el sambenito de que son mineros que tienen labores antes de la fundación de la república.
No solo eso. Hay muchas más inconsistencias, falsedades o propuestas absolutamente malas en sus más de 62 artículos, incluso alguno de ellos inconstitucionales que perforarían la Ley General de Minería (la propuesta de “servidumbre donde no existan actividades del concesionario sin causa justificada”, por ejemplo).
¿Por qué la comisión y su presidente han presentado semejante mamotreto? Esto es política y no se puede ser inocente. Han propuesto esta ley con el objetivo de que los actores más sensatos del sector minero no acepten de ninguna manera semejante proyecto y, por el contrario, nos quedemos con el Reinfo para los próximos años. No podemos pecar de inocentes.
Se necesita una ley para la minería artesanal y de pequeña escala y acabar con el Reinfo; pero también que dicha norma sea técnica y, sobre todo, respete el marco constitucional y el Estado de derecho. Aquí lo que existe es una propuesta que derriba todo el marco institucional minero. Eso es lo más peligroso.
