Iván Arenas
Perú21, 9 de mayo del 2025
«Basta decir que el ánimo de esta columna no es criminalizar ni romantizar a la minería informal o en vías de formalización, sino decir solo la verdad…»
Se dice que Platón, maestro de Aristóteles, odiaba al sofista Zenón porque a este no le interesaba la verdad, sino solo ganar el debate. Los sofistas de hoy han empezado a construir relatos y narrativas alrededor de la minería informal o en vías de formalización que —de tantas veces repetirlas— se vuelven en verdades irrefutables.
Basta decir que el ánimo de esta columna no es criminalizar ni romantizar a la minería informal o en vías de formalización, sino decir solo la verdad, y que a diferencia de nuestros sofistas nuestra palabra no está empeñada ni tiene interés pecuniario.
Cuando se dice, por ejemplo, que en la zona de Pataz existe una minería ancestral que hacen pueblos originarios (“hace 400 años y antes de la fundación republicana”), se está cometiendo un yerro adrede porque, según cronistas y la propia historia, las minas de oro más antiguas, son de “los ríos del Collao”, también de Caylloma en Arequipa y Progreso en Apurímac.
Pero el problema no es solo presentar pruebas, sino refutar el sintagma “minería ancestral” que requiere reconocimiento de derechos, papeles, concesiones. ¿Y lo que hicieron los chimús, incas o nascas? ¿No es acaso “minería ancestral”? No. Es minería histórica, que dicho sea de paso corrobora que el Perú es un país minero por historia.
No hay, por tanto —en estricto—, una “minería ancestral” sino una minería histórica; no la hay porque la primera requiere, como dijimos, derechos que solo el Estado moderno a través de la Constitución reconoce.
En el Perú existe desde hace casi tres décadas una Ley General de Minería que no es sino la piedra angular de la política peruana minera que ha sido tan exitosa y que nos ha llevado a tener empresas de talla mundial, no solo extranjeras sino peruanas. En realidad, con el relato de “minería ancestral”, los sofistas del presente estarían beneficiando a los mineros —no solo en vías de formalización sino y sobre todo a los ilegales— porque quieren validar y legitimar las invasiones de concesiones (al no poder tener un contrato de explotación).
El otro tema que los sofistas de hoy indican es que existiría un “acaparamiento de concesiones” que hace “improductivo” al sector. Asimismo, que habría “concesiones ociosas mineras” y que deberían revertirse al Estado. Pero vayamos a los datos. Decir concesiones ociosas es una trama demagógica porque las concesiones mineras están en constante exploración. De hecho, sin exploraciones no habría operaciones mineras. Aquí los sofistas y demagogos dicen que se debe reducir el plazo de concesiones de 30 años a 7. Eso sería una daga mortal al sistema de concesiones.
Necesitamos zanjar entre la ilegalidad y la informalidad; no son cosas iguales, pero se debe hacer con inteligencia y sobre todo sin políticas ni ideologías.
