Por: Iván Alonso, Economista
El Comercio, 22 de febrero de 2019
El Comercio, 22 de febrero de 2019
El Perú tiene una ley antimonopolio que sanciona el abuso de una posición de dominio en el mercado. Una posición de dominio es la que supuestamente le permite a una empresa, en virtud de su tamaño, imponer un precio muy alto u otras condiciones excesivamente onerosas para el consumidor. Pronto tendremos también, si el Congreso aprueba el dictamen de su Comisión de Economía, una ley de control de fusiones, que pretende precisamente evitar que se alcance una posición de dominio.
La falla fundamental en toda la teoría económica del “antitrust” (o antimonopolio) es suponer que el proceso competitivo se detiene en el momento en que se establece una posición de dominio. Los economistas estamos habituados a pensar que la competencia tiende a igualar la rentabilidad de los distintos sectores. Si se gana mucha plata en uno, los recursos fluyen hacia allá: nuevas empresas incursionan en ese negocio y las que ya estaban ahí se expanden. Con el tiempo, aumenta la producción, bajan los precios y la rentabilidad vuelve a la normalidad.
¿Por qué sería distinto en un mercado en el que se ha establecido una posición de dominio? Si esa posición le sirve a la empresa para ganar una rentabilidad mayor que la que se puede ganar en otras actividades, otras empresas se sentirán atraídas y entrarán a competir con ella. En un mercado abierto, ninguna posición de dominio puede durar mucho tiempo.
Los monopolios que realmente deben preocuparnos son los monopolios protegidos por la ley. Uno de ellos es el monopolio (o “monopsonio”, para ser más exactos) que tiene el Banco de la Nación en las cuentas de detracciones. Las cuentas de detracciones, recordará el lector, son cuentas en las que los clientes de las empresas están obligados a depositar una parte del IGV que se genera con cada factura. Ningún otro banco puede ofrecerlas a sus clientes.
La ley le ha dado al Banco de la Nación –que, según ha declarado su presidente, es el banco más rentable del sistema– un mercado cautivo de S/4.000 millones de depósitos por los que paga cero intereses. Esta “posición de dominio” no es el resultado de una superioridad competitiva sobre los demás bancos, como la que podría haber alcanzado ofreciendo un mejor servicio o una tasa más atractiva, sino simplemente de un mandato de la ley. Ese monopolio legal les cuesta a las empresas como S/100 millones al año.
La idea misma de las detracciones no es mala. Garantizan una obligación tributaria y ayudan a la empresa a ordenar sus finanzas. Pero mientras la obligación no sea exigible, la plata le pertenece a la empresa, no al Banco de la Nación. La empresa tiene derecho a ponerla en el banco que le pague más intereses. La Sunat no tiene por qué sentirse desprotegida mientras la cuenta esté en cualquier otro banco regulado por la superintendencia.
Es muy fácil acabar con este monopolio. Basta con un decreto autorizando a todos los bancos del sistema a ofrecer cuentas de detracciones, con las características que la Sunat crea convenientes, y competir por esos depósitos. No estamos inventando nada: es como se maneja hace años la compensación por tiempo de servicios (CTS). El Indecopi seguramente no va a intervenir, pero el gobierno debería tomar la iniciativa por el bien del país. Sería un primer paso para mejorar la competitividad, algo de lo que tanto se habla.
