Por Iván Alonso, Economista
El Comercio, 7 de junio de 2019
Al asumir su cargo, el presidente de la República jura cumplir la Constitución. Los ministros, por su parte, juran desempeñarlo fielmente, lo que implica no incumplirla o, cuando menos, no “vulnerar su esencia”. Y resulta que una parte esencial de la Constitución vigente es el capítulo sobre el régimen económico, cuya vulneración el ministro de Justicia Vicente Zeballos ha tenido a bien someter a la consideración de la opinión pública. Ha hecho bien el presidente Vizcarra en llamarle la atención, aunque no negaremos que podría haber hecho algo mejor.
El ministro Zeballos ha sugerido, en efecto, como quien divaga sobre las múltiples potencialidades del universo infinito, que podríamos crear empresas estatales para incursionar en sectores “estratégicos”, refiriéndose, por ejemplo, a la minería, el petróleo y los puertos. Se ha referido también al que para sorpresa de nadie es uno de los sectores favoritos de los partidarios del estatismo empresario: la aviación comercial. Y lo ha hecho despegando aparatosamente de la realidad. “¿Cuántas líneas aéreas se están instalando en el país?”, se pregunta, y él mismo se responde: “Obviamente, sí hay una presencia masiva”. Obviamente. Pero eso no lo detiene: “¿No despierta la inquietud y el interés de por qué no tener nuestra línea propia?”. Pues la verdad que no. La única inquietud que despierta es la del aterrizaje forzoso. A los peruanos que pagamos impuestos nos sale más barato volar en una aerolínea privada.
Por la cartera que ocupa, uno esperaría que el ministro tuviera presente el artículo 60 de la Constitución, que establece el principio de subsidiariedad: a saber, que no puede haber empresas estatales allí donde hay empresas privadas prestando el mismo servicio. Lo cual se aplica tanto a la aviación comercial como a la minería, el petróleo y los puertos.
Más allá de disquisiciones legales, ¿por qué esa necesidad de arreglar lo que no está malogrado? Pregúntele a la ministra de Transportes (de parte de este “economisto”, si le parece) cuánto ha crecido el número de pasajeros en el mercado aéreo nacional en los últimos 10 o 12 años –usted escoja–: más de 200% y 300%, respectivamente. Pregúntele a qué velocidad han crecido los volúmenes de carga en los puertos desde la privatización del Callao: más de 8% anualmente, en promedio; o sea, casi el doble que el producto bruto interno (PBI).
Y ya que estamos en este juego de preguntas y respuestas, pregúntele al ministro de Energía cuánto va a terminar costando y cuál es la rentabilidad esperada de la nueva refinería de Talara, que, si mal no recordamos, está siendo construida no por una empresa privada, sino por la principal empresa estatal del país. Pregúntele también al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuánto han avanzado en los últimos años la cobertura y la calidad del servicio de agua y desagüe que prestan las treinta y tantas empresas estatales que existen a nivel nacional. Cuéntenos, por favor, los grandes logros de la actividad empresarial del Estado. Quizás nos convenza.
Escucharemos más comentarios como los del ministro Zeballos en las próximas elecciones, si no antes. La nueva Constitución que reclaman los oportunistas políticos viene, en su mente, con un cheque en blanco para nuevas empresas públicas. Un cheque en blanco que en algún momento se tendrá que pagar.
