Iván Alonso
El Comercio, 10 de enero del 2025
“Una cosa es decir que la infraestructura se debe financiar con deuda (pública o privada) para prorratear el costo a lo largo de los años, y otra muy distinta, que no debe haber límites a la deuda que el Gobierno puede tomar para financiarla”.
Cuestionado por el incumplimiento repetido de la regla fiscal, que pone un tope al déficit presupuestal, el ministro José Arista declaró antes de Navidad que había que cambiarla para darle más cabida a la inversión en infraestructura. Sus palabras pueden interpretarse de dos maneras. La primera, que es como mayormente se interpretó, es que no importa incumplir la regla fiscal si el incumplimiento se debe a la inversión en infraestructura. Se interpretó, en otras palabras, como una criollada. La segunda es que el concepto de la regla fiscal debería diferenciar entre el gasto y la inversión pública, con limitaciones más estrictas, presumiblemente, para lo primero.
Cualquiera de las dos interpretaciones supone que, en la mente del ministro, no está tan mal tener un déficit si es para construir infraestructura. La infraestructura, después de todo, aumenta el bienestar de la gente y la productividad de la economía: más colegios y hospitales; más carreteras para reducir tiempos de viaje. Supuestamente, tenemos que agregar, porque no siempre el bienestar y la productividad aumentan lo suficiente como para justificar el costo.
Coincidimos, sin embargo, con Arista si lo que quiso decir es que la infraestructura no debe financiarse con ingresos corrientes. A diferencia de los servicios de la policía, por ejemplo, que se adquieren y se pagan año a año, la infraestructura, una vez construida, presta servicios a lo largo de muchos años, a varias generaciones de contribuyentes, por así decirlo. A nadie se le ocurriría pagarle por adelantado todos sus sueldos a un oficial de la policía recién graduado (como quien dice, apenas termina la inversión en su formación). Tampoco tiene sentido que los contribuyentes de hoy paguen toda la inversión, digamos, en un aeropuerto que se va a usar en los próximos 50 o 60 años.
Pero una cosa es decir que la infraestructura se debe financiar con deuda (pública o privada) para prorratear el costo a lo largo de los años, y otra muy distinta, que no debe haber límites a la deuda que el Gobierno puede tomar para financiar la construcción de infraestructura. La razón es esencialmente la misma: no toda la infraestructura que podamos construir tiene inmediatamente un público dispuesto a pagar por sus servicios, ya sea directamente sacando plata de su bolsillo o indirectamente a través de sus impuestos. Si estamos de acuerdo en eso, no se requiere ningún cambio en la regla fiscal. Solo se necesita cumplirla.
