Por: Iván Alonso, Economista
El Comericio, 12 de julio de 2019
El proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca garantizar la disponibilidad de medicamentos genéricos muestra síntomas de un error también genérico en las políticas públicas: ignorar el funcionamiento del mercado. El objetivo del proyecto es que los hospitales públicos cuenten con los genéricos que sus propios médicos recetan, lo cual está muy bien, aunque no sabemos si para eso sea necesario dar una ley. Sin embargo, casi de contrabando, a través de una disposición complementaria, se introduce la obligación de “mantener disponibles en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado” un “listado de medicamentos esenciales” elaborado por el Ministerio de Salud.
La disposición es ambigua. ¿Qué significa “mantener disponibles”? ¿Tiene que estar disponible un medicamento esencial en su versión genérica o puede ser de marca? La prensa ha interpretado –y parece la interpretación más razonable– que se refiere a un inventario mínimo de productos genéricos. ¿Pero cuál será ese mínimo?
La exposición de motivos del proyecto de ley afirma, basada en encuestas de la Digemid, que la disponibilidad de genéricos en las farmacias privadas es de 40%, lo cual considera insuficiente. Pero no dice cuál es el criterio que separa lo suficiente de lo insuficiente. La propia Digemid reporta que el porcentaje varía mucho de un grupo terapéutico a otro. El Gobierno, lamentablemente, no se ha tomado el trabajo de analizar si esa variación es aleatoria o si tiene una lógica económica.
Dos consideraciones nos hacen pensar lo segundo. La primera es que los porcentajes de disponibilidad para los 23 grupos terapéuticos son similares en las farmacias de Lima y en las de provincias. La otra es que hay una correlación positiva entre la disponibilidad y el diferencial de precios entre genéricos y medicamentos de marca, calculado también por la Digemid. Quiere decir que, a mayor diferencial, mayor disponibilidad de genéricos. En otras palabras, la oferta de genéricos responde a la demanda; y la demanda de genéricos responde al diferencial de precios con los medicamentos de marca.
Desde este punto de vista, si el proyecto del Gobierno se convierte en ley, puede terminar afectando precisamente a quienes pretende beneficiar. La obligación de mantener un inventario de genéricos mayor del que las farmacias actualmente mantienen, de acuerdo con su propia evaluación de la demanda del público, incrementará los costos de comercialización. Eso se traducirá en una reducción de la oferta y un aumento de los precios de los genéricos. Una parte del público que hasta hoy venía comprando genéricos dejará de comprarlos porque el diferencial de precios se achicará, y comenzará a comprar medicamentos de marca, cuyos precios, por esa razón, tenderán también a aumentar.
Es absurdo pensar que las farmacias no ofrecerán genéricos porque están enfocadas en su rentabilidad. Justamente porque están enfocadas en su rentabilidad podrían ofrecerlos a precios mayores que los actuales, aumentando sus márgenes, si eso no tuviera el efecto de contraer la demanda del público. Podrían duplicar los precios de los antivirales genéricos, por poner un ejemplo, y todavía los antivirales de marca serían cinco veces más caros. Pero quizás para muchos consumidores el diferencial ya no sería tan grande como para optar por los genéricos.
