Por Iván Alonso, Economista
El Comercio, 23 de marzo de 2018
Tenemos un nuevo Presidente, pero seguimos con el mismo Congreso. Ojalá puedan entenderse esta vez. Había grandes expectativas al principio de este gobierno, que poco a poco se fueron diluyendo. ¿Qué podemos hacer ahora?
Lo primero debería ser, para no usar la manida frase de “tender puentes”, que nunca se sabe adónde nos van a llevar, acordar un armisticio, un cese al fuego. El nuevo gabinete debería plantear unos cuantos objetivos claros, y el Congreso, abstenerse de legislar por seis meses o un año en materias que afecten la actividad económica o la estabilidad presupuestal.
¿Cuáles serían esos objetivos? En primer lugar, asegurar la ejecución de la inversión pública presupuestada, particularmente en la reconstrucción del norte. La autoridad para la reconstrucción con cambios no ha sido efectiva, aun teniendo a la cabeza en sus comienzos a una persona con las más altas calificaciones (posiblemente también después). Los ministerios tienen que asumir la tarea como parte de sus funciones. Tienen el presupuesto y el personal para hacerlo. Lo que hoy le toca al ministerio de transportes es reconstruir esas carreteras; al de agricultura, construir o reconstruir esas defensas ribereñas; y así sucesivamente. Priorizando las obras que más beneficios traen por cada sol invertido. Y aquellas cuyos beneficios no superen sus costos, pues no hay que reconstruirlas.
El segundo objetivo debería ser la consolidación fiscal. El plan original del gobierno era reducir el déficit gradualmente hasta llegar al equivalente del 1% del producto bruto interno (PBI) en el último año de gobierno. En otras palabras, vivir cómodamente en un estado de déficit fiscal permanente. Eso no es sostenible y debe cambiar. Mejor hacerlo mientras la economía sigue creciendo. (Y no, una tasa de crecimiento de 3% anual no es para echarse a llorar.)
¿Cómo conciliar estos dos objetivos, el crecimiento de la inversión pública y la reducción del déficit fiscal? Pues recortando aquellos gastos que puedan ser sustituidos por el gasto privado. Los subsidios para vivienda, por ejemplo. La gente siempre va a tratar de comprarse una casa o un departamento en algún momento de su vida. Algunos tendrán que postergar esa decisión si el gobierno deja de intervenir para bajar la tasa de interés; pero eso se convierte en una oportunidad de inversión para otros, que pueden construir para alquilar. Hay también una enorme cantidad de gastos tributarios, esto es, exoneraciones de impuestos que el ministerio de economía calcula le cuestan al fisco un total de 16,000 millones de soles anuales, que se pueden reducir en algunos casos y eliminar en otros.
El tercer objetivo tendría que ser la reforma laboral. Nada muy ambicioso, que pueda ser políticamente difícil de digerir. Concentrémonos en eliminar la reposición laboral como remedio frente al despido injustificado (un término legal, dicho sea de paso, pero sin contenido económico). Una compensación monetaria debería ser suficiente ante la ley. La compensación monetaria tiene la virtud de ser calculable: tantos sueldos por año de servicio, digamos. Las empresas podrían, de esta manera, cuantificar el costo de despedir, llegado el caso, a un trabajador que están a punto de contratar. El costo de la reposición, en cambio, es incalculable, y resulta disuasivo para la creación de empleo formal.
