Iván Alonso
El Comercio, 31 de octubre del 2025
“Es difícil pensar que los congresistas renunciarán voluntariamente al poder que les da el derecho de insistencia, aunque quizás algunos preferirían estar atados de manos”.
Gran preocupación ha causado, justificadamente, el comunicado emitido la semana pasada por el Consejo Fiscal sobre el impacto de las leyes populistas aprobadas por este Congreso en la sostenibilidad fiscal. Son 229 leyes que crean gastos o reducen ingresos y que podrían incrementar la deuda pública del 32% del producto bruto interno (PBI) en la actualidad a cerca del 50% en 10 años e inclusive al 70% si se aprueban otras iniciativas legislativas en trámite. El CF responsabiliza principalmente al Congreso, pero también al Poder Ejecutivo por no haber observado ni la mitad de esas leyes y haber planteado tan solo tres acciones de inconstitucionalidad.
El comunicado llama la atención sobre dos rasgos de la conducta del Congreso, que ha ignorado sistemáticamente los cuestionamientos de entidades especializadas y el abuso de la aprobación por insistencia. Ejemplo de lo primero es la Ley Chlimper 2.0, que reduce la tasa del impuesto a la renta para el sector agropecuario, yendo en contra de las objeciones del Ministerio de Economía y Finanzas y contraviniendo la Norma VII del Código Tributario, que exige un informe previo –favorable, se entiende– del MEF para otorgar beneficios tributarios.
En cuanto a lo segundo, la valla para la aprobación por insistencia ha quedado, por lo visto, muy baja. Tanto la Constitución como el reglamento del Congreso requieren 66 votos –más de la mitad del número legal de congresistas– para aprobar por insistencia una ley que ha sido observada por el Ejecutivo. En nuestra opinión, sin embargo, una observación del Ejecutivo –mejor dicho, del presidente, que personifica a la nación– no debería dejarse de lado tan fácilmente. Tampoco tiene que ser la última palabra porque no se trata de un emperador, pero habría que pensar en alguna manera de obligar al Congreso a tomarla en serio.
Una posibilidad sería subir la valla a dos tercios del número legal de congresistas, pero eso le daría al presidente un poder casi absoluto de veto por la dificultad de alcanzar los 87 votos. Otra posibilidad sería dejar la valla donde está, pero exigir, además, que un número mínimo de los que votaron a favor del texto originalmente aprobado se ratifiquen y otro mínimo de los que votaron en contra se plieguen a él.
Es difícil pensar que los congresistas renunciarán voluntariamente al poder que les da el derecho de insistencia, aunque quizás algunos preferirían estar atados de manos porque saben que nunca se atreverán a votar en contra de una iniciativa populista con la que, en el fondo, no están de acuerdo.
