Por: IPE
El Comercio, 28 de abril del 2024
Esta es una cifra que se da desde la pandemia y es más de tres veces el promedio entre los años 2000 y 2019. El costo fiscal de las leyes aprobadas en cuatro años suma S/86 mil millones.
Cada vez es más común que el Congreso apruebe proyectos de ley sin el visto bueno del Ejecutivo. El 24% de las normas publicadas desde la pandemia han sido por insistencia, más de tres veces el promedio de los cuatro períodos congresales previos (7% entre el 2000 y el 2019). Al no contar con un adecuado sustento técnico, estas iniciativas no solo ponen en riesgo el desarrollo económico, sino también la sostenibilidad fiscal para los siguientes años.
Impacto fiscal del populismo
La aprobación de proyectos de ley sin un adecuado sustento técnico afecta el equilibrio fiscal. Pese a no tener iniciativa de gasto según la Constitución –aunque una interpretación del Tribunal Constitucional les abrió esa puerta en el 2022–, el Congreso aprobó 101 normas en los últimos cuatro años con un costo de S/86 mil millones (más de 8% del PBI), según cálculos de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal (CF). El 55% de este monto corresponde a proyectos aprobados por insistencia del Legislativo. El ejemplo más relevante es la ley que aprueba el Bono de Reconocimiento de la ONP, con un costo estimado de S/41 mil millones, equivalente a 31 veces el presupuesto anual de Pensión 65, y que significará un incremento de la deuda pública.
El 2024 es un año crítico para la sostenibilidad fiscal. A marzo, los ingresos públicos acumulan siete trimestres en negativo. Con ello, el déficit (3,3% del PBI) se encuentra en un máximo en 30 meses (desde octubre del 2021) y es altamente probable que se incumpla por segundo año consecutivo la regla fiscal (2,0% del PBI en el 2024). Además, esta semana la agencia S&P rebajó la calificación crediticia del Perú, mientras que Fitch la mantuvo pero ajustó su perspectiva a negativa, debido a la fragmentación e incertidumbre política y al escaso capital político del Ejecutivo. Este último, lamentablemente, ha claudicado fiscalmente frente al Congreso y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y ha dado una pésima señal al no ratificar al actual presidente del CF. Con ello, la credibilidad financiera del gobierno para honrar sus deudas se ubica a solo una calificación de perder el grado de inversión. Adicionalmente, la actual rebaja incrementará el costo de financiamiento público y privado.
En este contexto, el Congreso debe poner fin a iniciativas populistas. En tanto, el Ejecutivo debe recuperar la solidez macrofiscal que tomó décadas construir.
Espíritu legislativo
Recientemente, el Congreso aprobó eliminar las comisiones por operaciones financieras entre distintas plazas (fuera de la ciudad donde se abrió la cuenta), lo que se suma a una larga lista de medidas “bienintencionadas” como el tope a las tasas de interés, el retiro de cuentas CTS y fondos de AFP. Esta norma podría tener serios efectos contraproducentes sobre la inclusión financiera. Según la SBS, estas comisiones están asociadas a los costos y riesgos del traslado de dinero, y su eliminación desincentivará la prestación de servicios en las zonas más alejadas. Este es un riesgo importante considerando que el 60% de distritos solo cuenta con un punto de acceso al sistema financiero formal; que las transacciones menores de S/500 están exoneradas de dicho cobro; y que hay una creciente cobertura de las billeteras digitales (más de 11 millones de usuarios), que tampoco cobran.
En ese espíritu populista, en el Congreso también se discute, por ejemplo, reducir la tasa de IGV de 18% a 8% para peluquerías y salones de belleza con el supuesto objetivo de apoyar su formalización y reactivación. Sin embargo, el impacto de la norma será limitado y regresivo. Al cierre del 2022, solo el 13% de empresas formales del rubro (las más grandes) pagaba IGV, mientras que el 87% restante (las más pequeñas) tributa mediante una cuota fija mensual como parte del régimen nuevo RUS.
Así las cosas, lejos de priorizar las reformas que permitan mejoras tangibles para la ciudadanía vinculadas, por ejemplo, a educación, salud y seguridad, las medidas legislativas están principalmente enfocadas en beneficios tributarios arbitrarios que distorsionan la estructura tributaria y reducen la capacidad de recaudación del Estado. Revertir la dinámica de populismo en el Legislativo es clave para el futuro de todos.
