Parece que Ecuador se está preparando para desdolarizar su economía. Si es así, se podría desatar una crisis económica conforme la gente pierda la confianza en la estabilidad de la moneda y saque su dinero del país ante una casi segura devaluación. En el peor de los casos, Ecuador repetiría la experiencia caótica de Argentina bajo circunstancias similares hace poco más de una década, cuando se desligó del dólar y se incumplieron contratos públicos y privados en esa moneda –cosa que trajo consecuencias negativas con las que los argentinos siguen luchando hoy en día–.
No creo que Ecuador llegue a ese extremo, pero vale la pena preguntarse si yo pudiera escribir estas líneas en ese país. La razón es que este mes entró en vigencia una reforma al Código Penal ecuatoriano que incorpora un nuevo delito de “pánico económico”: “La persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Otro artículo en el Código Penal amplía el concepto de delito de “pánico financiero”: “La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero…” también será sancionada a cinco o siete años de cárcel.
Ignoremos la imposibilidad de determinar si lo que diga una persona (en contraposición a las malas políticas del Estado) es la causa de problemas o cambios económicos. Esta ley representa una clara violación a la libertad de expresión que podrá ser aplicada discrecionalmente a periódicos, noticieros televisivos y redes sociales. La reforma está escrita de una manera tan general, que sin duda una buena parte, sino la mayoría, de los medios practicarán la autocensura a la hora de reportar noticias financieras. ¿Cómo saber, por ejemplo, si una opinión acerca de los planes del gobierno se considerará una noticia falsa?
Desafortunadamente, tales atropellos a los derechos de expresión se han vuelto comunes en el Ecuador de Rafael Correa, y le ha ganado fuertes críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y demás organizaciones internacionales. Los abusos no se limitan a esa esfera. Ya para el 2011, la Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció que “la criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar…”. Un estudio nuevo del Instituto de Defensa Legal examina 12 casos prominentes que muestran cómo el régimen de Correa ha acabado con la independencia judicial y “ha puesto en cuestión la plena vigencia del Estado de derecho”. No hay duda alguna de que el gobierno usará el nuevo Código Penal a su favor.
¿Qué tiene que ver esto con la dolarización? Pues hay harta evidencia de que, tras su mal manejo fiscal, el gobierno quiere reemplazar el uso oficial del dólar con una moneda propia. Del 2007 al 2013 el gasto público se disparó del 25% al 44% del PBI. Señala mi colega Gabriela Calderón de Burgos que el déficit fiscal de este año será de un 9% del PBI, unos US$9.200 millones, casi equivalente a la totalidad del gasto gubernamental del 2006. Sería conveniente para el gobierno recurrir a la vieja práctica de imprimir dinero. La nueva ley monetaria y financiera que está por sancionarse permitirá la emisión de una especie de moneda electrónica y establece poderes que solo le corresponderían a un Banco Central con divisa propia. Y tal como señala Walter Spurrier en El Comercio de Quito, sucede que Correa en el 2004 escribió un estudio de cómo desdolarizar la economía de manera “paulatina”. Da la impresión que hacia eso va y que no permitirá detractores.
Independientemente de lo que uno piense sobre la dolarización, uno no debería dudar si puede o no opinar al respecto.
