Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 09 de abril de 2016
La filtración de los Panamá Papers esta semana está generando confusiones acerca de los mal llamados paraísos fiscales. En este caso particular, se han revelado los nombres de un sinfín de personalidades alrededor del mundo que establecieron empresas ‘offshore’ en Panamá para eludir o evadir el pago de impuestos más elevados de otros países. Varios de los nombrados sin duda están involucrados en actividades ilícitas, lo cual ha contribuido a que se cuestione la existencia y moralidad de jurisdicciones que ofrecen tasas impositivas más bajas.
Es un error considerar que el trato impositivo de países como Panamá sea dañino a la economía mundial –ya sea por la supuesta pérdida de ingresos fiscales a los países de altos impuestos o por facilitar prácticas ilegales a nivel internacional–. Al contrario, reducir la competencia impositiva global perjudicaría la prosperidad, haría poco por reducir actividades ilícitas y violaría la privacidad financiera de la mayoría de afectados que respetan la ley.
Desafortunadamente, los países ricos están presionando, de manera directa y a través de burocracias internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a que el resto del mundo cumpla con sus estándares. El problema es que los impuestos en la mayoría de los países ricos son altos –fenómeno que ocurrió luego de que se volvieron ricos– y su manejo fiscal ha sido irresponsable. Los políticos de estos países han prometido gastos que implican deudas públicas de acá a 25 años de entre 250% y 600% del PBI según el país, de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales.
La competencia tributaria ha sido un factor importante a la hora de reducir en algo la voracidad de los políticos. A pesar de seguir altos, los impuestos han caído en la era de la globalización, lo que ha coincidido con un aumento de prosperidad y bienestar alrededor del mundo. Pero hasta ahora los países ricos no han querido enfrentar sus bombas de tiempo fiscales y reformar sus insostenibles estados de bienestar. Más bien, ven a países como Panamá como amenazas a su habilidad de recaudar fondos y buscan crear una especie de “cártel impositivo”. El premio Nobel en Economía Edward Prescott coincide con numerosos otros distinguidos economistas cuando advierte que “a las burocracias internacionales no debería permitírseles crear cárteles de impuestos que beneficien a los gobiernos a expensas de las personas”. Los paraísos fiscales en realidad son refugios fiscales.
Los estudios además muestran que, al mejorar la viabilidad económica de las empresas, los refugios fiscales hacen posible que estas sigan operando en los países de altos impuestos. Por eso no se observa una baja en la actividad económica en estos países como resultado.
Es legítimo tratar de reducir la evasión de impuestos –que es el intento de ocultar ingresos de las autoridades y que se diferencia de la elusión o reducción de impuestos cumpliendo con la ley–. Pero no todo esfuerzo es válido. Por ejemplo, el ex miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos Lawrence Lindsey criticó fuertemente a las leyes en contra del lavado de dinero por ser absolutamente ineficientes y por violar la privacidad. Observó que tales regulaciones además elevan el costo de usar el sistema financiero y mantienen a personas de bajos ingresos fuera de este.
Lo mismo está ocurriendo a nivel global donde las leyes en contra del lavado de dinero y otras actividades criminales se han convertido en barreras al sistema financiero para una gran cantidad de pobres, según el Banco Mundial. Actualmente, Estados Unidos y otros países ricos requieren que otras naciones les otorguen información financiera de sus ciudadanos, la gran mayoría de los cuales cumple la ley. Si la preocupación es actividad criminal, sería mucho mejor que los gobiernos respeten la privacidad de sus ciudadanos e investiguen posibles crímenes como lo hacen en otros ámbitos –siguiendo un proceso legal en casos específicos basados en evidencia y órdenes judiciales de acuerdo al Estado de derecho–.
La OCDE ahora está empeñada en un esfuerzo por compartir información impositiva con gobiernos alrededor del mundo, incluyendo a los más autoritarios y corruptos. Más que nunca, es hora de defender a los refugios fiscales. Lampadia
