Ian Vásquez
El Comercio, 2 de setiembre del 2025
“El capitalismo de Estado afecta negativamente a los sectores que intenta beneficiar”.
“El capitalismo en Estados Unidos está empezando a parecerse al de China”, aseveró el periodista Greg Ip del “Wall Street Journal” el mes pasado.
Desde entonces, los hechos han seguido dándole la razón a él y a muchos observadores de la economía estadounidense. Hace 10 días, el presidente Trump anunció que el gobierno federal adquirirá el 10% de las acciones de Intel, la empresa estadounidense que produce chips de computadora.
Que el Estado sea dueño de una empresa privada, por no hablar de convertirse en el mayor accionista de una de las principales empresas en la industria, representa un cambio importante en la política económica de Estados Unidos. En este caso, en vez de dejar que funcione el mercado libre según la tradición estadounidense, el gobierno se involucrará aún más en el manejo de una empresa que ha sufrido dificultades económicas por décadas. Tan solo el año pasado, Intel perdió casi US$19.000 millones.
Los subsidios masivos que otorgó el presidente Biden a Intel le dan a Trump la “palanca” para tal movida. Como si fuera un capo mafioso, don Trump amenazó al jefe de Intel y describió su reunión en la Casa Blanca con él así: “Entró con la intención de conservar su trabajo y terminó dándonos US$10.000 millones para Estados Unidos”. La Casa Blanca dice que está considerando adquirir acciones de otras empresas que han recibido ayudas federales.
Ejercer mayor control gubernamental sobre el manejo de las empresas privadas es un patrón que hemos visto en meses recientes. En junio, Trump anunció una “acción de oro” en la empresa U.S. Steel como parte de la compra por parte de Nippon. Esto le da al gobierno federal control decisivo sobre las decisiones gerenciales más importantes de la compañía.
En julio, el Departamento de Defensa se convirtió en el accionista principal de MP Materials, un productor de metales de tierras raras. La Casa Blanca también anunció que acordó proyectos de inversión con Japón y Corea del Sur, quienes proveerán US$550.000 millones y US$350.000 millones, respectivamente, montos sobre los que Trump tendrá mayor control.
En agosto, Trump forzó al jefe de Apple a invertir US$600.000 millones en Estados Unidos. Y luego de haber prohibido la exportación de ciertos chips hacia China por parte de Nvidia y AMD por ser un riesgo a la seguridad nacional, solo la permitió cuando esas empresas acordaron pagar el 15% de tales exportaciones. No importa que los impuestos a las exportaciones no sean constitucionales en Estados Unidos; es dudoso que estas empresas se vayan a quejar.
Alejarse del libre mercado que produjo la prosperidad estadounidense y las industrias más punteras trae numerosos problemas. El capitalismo de Estado politiza las decisiones económicas, socava la innovación, despilfarra recursos, y afecta negativamente a las empresas y los sectores que intenta beneficiar.
Desde ahora, por ejemplo, Intel deberá tener mucho más en cuenta prioridades políticas a la hora de tomar decisiones. ¿En qué estados invertir? ¿A quién contratar para tal y cual puesto? ¿Qué criterio usar a la hora de manejar las finanzas corporativas? Observa el experto Scott Lincicome que las respuestas a ese tipo de preguntas variarán, a veces notablemente, según el gobierno de turno.
En la medida en que las empresas reciban apoyo estatal, su incentivo será buscar cada vez más favoritismo estatal en vez de competir y el Estado buscará seguir con su apoyo, sobre todo si la empresa está fracasando. Según Lincicome, otras empresas podrán tomar decisiones que favorezcan a las compañías apoyadas por el Estado para obtener beneficios políticos propios. Los inversores, a su vez, dirigirán sus capitales no necesariamente a las empresas que más lo ameritan sino a las que mayor apoyo reciben del Estado.
Tristemente, como el socialismo –su pariente no muy lejano– el capitalismo de Estado está destinado a fracasar.
