Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 26 de setiembre de 2016
Una vez organicé una presentación en Washington DC titulada “¿Debería el lavado de dinero ser considerado un crimen?”, a la que invité a Lawrence Lindsey, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos. La respuesta del representante del Banco Central, el ente regulatorio financiero más importante del país, fue clara: no.
Según él y muchos expertos financieros, las regulaciones antilavado de activos están mal enfocadas, son altamente ineficientes y amenazan la privacidad de los ciudadanos, cosa de la que fácilmente pueden abusar los políticos inescrupulosos. A raíz de la hasta ahora negativa por parte del Congreso peruano de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, justamente para luchar contra el lavado, vale la pena tomar estas críticas en serio. No se trata pues de un tema tan simple en el que están los buenos de un lado y los malos corruptos del otro.
Las autoridades, según Lindsey, han fallado en una de sus tareas principales de frenar o prevenir actos criminales que dan origen al lavado, como el secuestro o el narcotráfico, por lo que obligan a los banqueros a escrudiñar actos que en sí no son criminales (como la transferencia de dinero). El enfoque está mal. No corresponde a los empresarios convertirse en policías. Si los delitos originales realmente están fuera de control, es hora de poner más esfuerzo en luchar contra ellos o reformar las leyes que los afectan.
Dado que el uso de dinero no es un delito por sí mismo, es sumamente difícil detectar y comprobar el lavado de activos, así como no es tan fácil definirlo –como sí es, por ejemplo, definir el robo o el homicidio–. ¿Comprar una pintura por encima del valor de lo que muchos estiman que vale es legítimo o es lavado de dinero? Y así como ya hay muchas regulaciones en contra del lavado, hay un sinnúmero de maneras de evadirlas.
Las regulaciones antilavado terminan siendo una carga sobre los individuos y el sector privado, pero además son extremadamente ineficientes. En EE.UU., por ejemplo, se requiere que los bancos reporten transacciones financieras superiores a ciertos montos. Lindsey documenta lo siguiente: “Entre 1987 y 1995, el gobierno recolectó 77 millones de informes sobre transacciones, o sea unas 62 toneladas de papel. Con todo eso logró llevar a juicio 3 mil casos de lavado. Más o menos un caso por cada 25 mil informes… y se lograron apenas 580 veredictos de culpabilidad. En otras palabras, más de 100 mil informes fueron presentados por gente inocente para lograr cada condena. Esa proporción de 99.999 a 1 normalmente no se toleraría como un equilibrio razonable entre la privacidad y el fallo de culpabilidad”.
Dada esa ineficiencia, difícilmente se podría decir que, a pesar de la multitud de nuevas regulaciones, hoy hay menos lavado de dinero en el mundo que hace 20 años. El experto Jason Sharman resume lo que encuentran los estudios al respecto: “La conclusión general es que la expansión del régimen de lucha contra el lavado de dinero se debe más al imperativo político de ‘hacer algo’ en respuesta a cuestiones candentes, como el crimen o el terrorismo, que a cualquier historial de éxito”.
La guerra contra el lavado de activos es como otras tantas iniciativas de organizaciones internacionales que miden su impacto por cuánto hacen en vez de por cuánto cumplen: lo gastado o incautado en la guerra contra las drogas, en vez de su impacto en el consumo o disponibilidad de las drogas; o la cantidad de ayuda externa otorgada en vez del desarrollo económico que se logra.
Es el caso también de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Según la ministra de Justicia, un motivo importante para fortalecer las leyes antilavado es poder acceder a esa organización. EE.UU. y otros países ricos no han podido controlar el lavado de dinero, por lo que quieren imponer sus reglas a los demás países. No debería ser una prioridad para el Perú. Viene con costos altos, especialmente si el plan consiste en que las autoridades compartan la información que recogen.
En vez de crear un sistema del que nuestros políticos fácilmente podrán abusar, el gobierno debería enfocar sus esfuerzos en combatir los crímenes reales que dan origen al lavado de dinero.
