Por Ian Vásquez
(El Comercio, 13 de Junio de 2015)
El Perú aspira a ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un club de 34 países mayormente ricos. De lograrlo, será un hito más en su camino hacia el desarrollo. El ministro de Economía, Alonso Segura, afirma que cumplir con los requisitos para formar parte de la organización ayudará a implementar “las mejores prácticas de gobernanza pública” y así “mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”.
Puede que la OCDE ayude a reducir barreras burocráticas o a promover otras reformas, pero hay que tener cuidado. La organización, después de todo, está compuesta mayormente por países europeos, de los que es difícil decir que tienen las mejores prácticas en política fiscal, pues incluyen tanto a Grecia y a otros países del sur de Europa que han pasado años en crisis económicas, como al resto de la vieja Europa, que ha hecho poco o nada para reformar sus abotagados estados benefactores ni para reducir las generosas promesas sociales y poco realistas a las que se han comprometido. Un estudio de hace seis años encontró que la deuda explícita e implícita de los 25 países de la Unión Europea equivalía al 434% de su PBI.
Queda claro que pertenecer a la OCDE no impide la irresponsabilidad fiscal. Peor, como es de esperar, el organismo refleja los intereses no siempre benéficos de sus estados miembros ricos. Y es justo en el área fiscal donde la OCDE ha sido más activa a nivel mundial. Tal como lo explica un artículo publicado por la Universidad de Columbia, desde los años noventa la OCDE se ha transformado en un ente dedicado a combatir la competencia tributaria internacional. Con la globalización, el capital y las empresas pueden ir con mayor facilidad a donde obtienen mejores ventajas, cosa que ha beneficiado a los países pobres. La competencia tributaria global también ha hecho caer el promedio de la tasa del Impuesto a la Renta corporativo de los países de la OCDE de 50% en 1980 a 25% en el 2015.
Sostiene la OCDE que tal competencia es dañina porque reduce la base impositiva de ciertos países (los ricos). Pero no hay evidencia de que esto sea cierto. Entre los países miembros del organismo, los ingresos fiscales –incluso los corporativos– únicamente han crecido a través de los años. Está quedando claro que la OCDE es un cartel impositivo internacional que no quiere arriesgar más competencia. Al contrario, busca mantener o aumentar impuestos a niveles altos, para así financiar gastos astronómicos en sus países miembros.
La competencia tributaria, por otra parte, produce muchos beneficios, entre ellos disciplina a la irresponsabilidad fiscal. Pero el punto acá no es establecer cuáles son las mejores políticas. Es legítimo debatir las políticas que le convienen al país. Lo que no se debe permitir es que el Gobierno anuncie, como está ocurriendo en Costa Rica y Colombia, la necesidad de aumentar gastos e impuestos para poder cumplir con los estándares de los países desarrollados. O que una reducción importante de impuestos, como lo han hecho varios países exitosos, no sería bien vista. Hay que saber y debatir exactamente qué es lo que está requiriendo la OCDE del Perú.
En una conferencia en Washington esta semana, la OCDE discutió su iniciativa de compartir entre gobiernos alrededor del mundo mayor información tributaria. La idea es peligrosa si se comparte con regímenes autoritarios, como pretende el organismo. Y tal como encontró un estudio reciente del Banco Mundial, la divulgación por parte de las empresas de mayor información a las autoridades incrementa la corrupción y debilita las instituciones en los países en desarrollo. Por muchas razones, no hay que seguir las malas prácticas que promueven los países ricos.
